El Tribunal Supremo del Reino Unido emitió un fallo unánime que prohíbe al Gobierno conservador británico del primer ministro Rishi Sunak enviar refugiados a Ruanda, declarando que su plan de deportación es ilegal.
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Los jueces argumentaron que existe un «riesgo real» de que las personas enviadas a Ruanda enfrenten la posibilidad de ser devueltas a sus países de origen, donde podrían ser víctimas de persecución y otros abusos inhumanos.
El presidente de la Corte Suprema, Robert Reed, subrayó en su lectura de sentencia, televisada en directo, que un país solo puede ser considerado «seguro» si no somete a los refugiados a la devolución, es decir, si los envía de regreso a su nación de origen.
Si existen motivos fundados para creer que los solicitantes de asilo corren riesgo de devolución, la política es ilegal, por lo que, concluyó, dadas las circunstancias actuales, Ruanda no puede considerarse un «tercer país seguro».
La decisión, que ratifica un fallo de una instancia judicial de apelaciones, representa un revés para el Gobierno de Sunak, que había promovido la deportación de inmigrantes a Ruanda como parte de sus esfuerzos para reducir la inmigración.
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Sunak había destacado este plan acordado con el gobierno ruandés como clave para su agenda política, que se proyecta como un tema central en las elecciones generales previstas para 2024.
El primer ministro prometió poner fin a la llegada de embarcaciones de inmigrantes que cruzan el Canal de la Mancha, que separa a Francia del Reino Unido.
En junio pasado, un tribunal de apelación revocó el visto bueno al plan inmigratorio de un tribunal inferior basándose en que las pruebas del organismo de la ONU para los refugiados (Acnur) no habían sido consideradas adecuadamente.
Acnur presentó pruebas de que Ruanda no era un lugar seguro para los solicitantes de asilo, ya que carecía de un sistema de asilo accesible, fiable, justo y eficaz.
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También se expresaron preocupaciones sobre el historial de derechos humanos y la libertad política en el país africano.
Este año el cruce de inmigrantes en embarcaciones precarias por el Canal de la Mancha se acrecentó, ya que más de 27.000 embarcaciones habían cruzado este año, superando la cifra de 45,000 del año anterior, marcando un récord.
En respuesta a esta crisis, el Gobierno anunció un plan para enviar a los inmigrantes, sin importar su origen, a Ruanda.
Sin embargo, este plan se encontró con varios obstáculos legales en el camino.
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A mediados del año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) canceló un primer vuelo programado como parte de este plan.
Fuente: Télam.
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