La jueza Macarena Marra Giménez resolvió que la demanda de la CGT contra el Estado Nacional por la Ley 27.802 debe tramitarse en el fuero contencioso administrativo federal
La jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió un conflicto de competencia y determinó que la demanda presentada por la CGT contra el Estado Nacional por la constitucionalidad de la Ley N°27.802 de Modernización Laboral deberá ser tratada en la Justicia Federal, desplazando al fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires.
La acción impulsada por la Confederación General del Trabajo plantea la inconstitucionalidad de varios artículos de la norma, al considerar que vulneran derechos individuales y colectivos de los trabajadores reconocidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. Entre los puntos cuestionados se destacan la afectación a la libertad sindical, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
El Ministerio de Capital Humano había solicitado que el expediente no continuara en el Juzgado Nacional del Trabajo N°63, al sostener que el caso debía tramitarse en el fuero contencioso administrativo federal por tratarse de una controversia de derecho público con el Estado como parte demandada. Ese planteo fue finalmente aceptado por la magistrada.
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En su resolución, la jueza entendió que el reclamo no se centra en conflictos laborales individuales, sino en la legalidad de políticas públicas impulsadas por el Estado Nacional. En ese sentido, advirtió que permitir la intervención del fuero laboral podría alterar el sistema de control de constitucionalidad previsto en el orden federal.
El fallo también dispuso que el expediente sea remitido al fuero contencioso administrativo federal, que tendrá competencia exclusiva para analizar la demanda. En caso de que el juzgado laboral rechace la remisión, la causa deberá ser elevada a la Cámara correspondiente para su definición.
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La decisión se da en un contexto de tensión judicial en torno a la reforma laboral, luego de que el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 dictara una medida cautelar que suspendió provisoriamente 83 artículos de la ley para evitar posibles perjuicios irreparables a los trabajadores hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
Desde la CGT sostienen que la reforma introduce cambios estructurales que afectan condiciones laborales, representación sindical y derechos adquiridos, mientras que el Gobierno defiende la norma como una herramienta para modernizar el sistema y fomentar el empleo.
Con información de Infobae.
