Fue durante la sesión ordinaria de este jueves, presidida por el vicegobernador Gustavo Menna. La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría, con los votos de los bloques Despierta Chubut, Chubut Unido, Arriba Chubut, Primero Chubut-CET y Compromiso Chubut. El proyecto establece herramientas para facilitar la cancelación o refinanciación de deudas y un nuevo régimen de deducciones voluntarias sobre los haberes.
La Legislatura del Chubut aprobó este jueves, durante una nueva sesión ordinaria, el Proyecto de Ley N° 103/2026, presentado por el Poder Ejecutivo, que establece un Sistema de Protección y Facilidades para residentes en situación de vulnerabilidad financiera y económica.
La iniciativa contempla dos ejes centrales; por un lado, un programa destinado a facilitar la cancelación o refinanciación de deudas y, por otro, un nuevo régimen para las deducciones voluntarias sobre los haberes, con límites destinados a preservar los ingresos de los trabajadores.
Cabe recordar que, este miércoles, en plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Cultura y Educación, se reunieron para tratar dicho proyecto, por lo que se contó con la presencia del asesor General del Gobierno de la Provincia, Emiliano Chialva, y del presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero, quienes brindaron detalles y respondieron las consultas de los legisladores.
MIRÁ TAMBIÉN | Puerto Madryn espera una ocupación superior al 80% en octubre
Alivio financiero
En este sentido, el diputado Luis Juncos (Despierta Chubut) -quien secunda al diputado del mismo bloque Sergio Ongarato en la Comisión de Presupuesto y Hacienda- explicó que el proyecto está orientado a personas con deudas originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales que cumplan con las condiciones establecidas. Los nuevos créditos contemplados por el programa tendrán un tope de tasa nominal del 35% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses.
Además, se prevé la participación del Banco del Chubut y la adhesión de otras entidades, con una exención del 50% en Ingresos Brutos sobre los intereses correspondientes a los préstamos otorgados exclusivamente bajo las condiciones del programa.
En cuanto a las deducciones voluntarias sobre los haberes, Juncos remarcó que el proyecto no alcanza a descuentos obligatorios como jubilaciones, obra social, embargos o aquellos derivados de resoluciones judiciales. El nuevo esquema establece un límite del 25% sobre el salario bruto para las deducciones voluntarias y contempla que, una vez efectuados los descuentos, el agente no perciba un monto inferior a un salario mínimo.
“Sabemos que este proyecto no es el final a esta problemática que vienen sufriendo muchas familias de la provincia del Chubut, pero también sabemos que no es simplemente un cambio de nombre o un cambio de porcentaje; son herramientas importantes que se ponen a disposición de la gente para pasar estos momentos difíciles”, afirmó.
También desde Despierta Chubut, la diputada Sonia Cavagnini acompañó la propuesta y consideró que plantea “una salida ordenada” y “responsable” para trabajadores, jubilados y personas con ingresos modestos.
“Esta ley organiza, limita, aborda el problema y protege justamente a los más vulnerables”, sostuvo Cavagnini, quien remarcó además que la iniciativa busca brindar previsibilidad y evitar que las personas alcanzadas queden excluidas del sistema financiero.
LEE TAMBIÉN | Chubut fortalece el desarrollo turístico del Parque Patagonia Austral
Posiciones durante el debate
Por su parte, la diputada Vanesa Abril (Arriba Chubut) acompañó la iniciativa, aunque advirtió que no representa una solución integral al endeudamiento. “No estamos generando un programa de desendeudamiento, es de acompañamiento para refinanciación de deudas. Entonces también hay que ser claros cuando le hablamos a la gente”, expresó.
No obstante, valoró las modificaciones realizadas durante el análisis legislativo: “Hubo trabajo, hubo escucha de algunas cuestiones. El primer proyecto que llegó se fue puliendo, se fue mejorando”.
Costo de vida
Asimismo, también desde Arriba Chubut, el diputado Emanuel Coliñir planteó que el proyecto constituye una respuesta parcial ante una problemática vinculada fundamentalmente con los ingresos. “Entendemos que algo hay que hacer”, sostuvo, aunque consideró que “un salario digno sería un anuncio infinitamente mejor que un proyecto que no le va a terminar resolviendo los problemas reales a los trabajadores”.
Coliñir vinculó el nivel de endeudamiento con las dificultades de numerosas familias para afrontar sus gastos cotidianos: “El problema termina siendo que tenemos empleados públicos que no logran cubrir el costo de vida y, como no logran cubrir su necesidad alimentaria, acuden a refinanciar tarjetas de crédito y terminan cayendo en instrumentos financieros que son usureros”, expresó.
En este contexto Coliñir mocionó para que se haga una modificación en el artículo 7 del proyecto, en relación con la adhesión de entidades financieras y proveedores no financieros mediante presentación ante la autoridad de aplicación. La moción fue acompañada por el pleno y la modificación se introdujo al proyecto.
LEE TAMBIÉN | Esquel: 12 postulantes rindieron para cubrir dos cargos en Fiscalía
Por otro lado, la diputada Andrea Toro (Partido Independiente del Chubut) concentró sus objeciones en el régimen de deducciones y en la aplicación del límite del 25% sobre el salario bruto. “El problema es sobre qué se está haciendo ese descuento voluntario. Se está realizando sobre el bruto del salario del trabajador, no sobre lo que queda en el bolsillo”, manifestó.
Toro consideró necesario establecer con mayor precisión el tratamiento de las deducciones frente a embargos judiciales o cuotas alimentarias. Si bien destacó la importancia de generar alivio para personas en situación de vulnerabilidad financiera, se abstuvo en la votación.
Finalmente, el diputado Juan Aquino (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad) rechazó la iniciativa al considerar que no aborda las causas estructurales del endeudamiento: “No se trata de un problema de mala gestión de los propios recursos de tal o cual individuo o familia. Se trata de un problema estructural, económico y social”, sostuvo.
