“Esta violencia político institucional se convierte en modelo autorizado de abuso de poder que afecta a nuestra salud física psíquica, a la labor diaria, a nuestros vínculos familiares y sociales, y nos vulnera económicamente”, enfatizaron las principales referentes del Colectivo “Vivas y Libres Nos Queremos”, este martes al mediodía en conferencia de prensa.
“Como Multisectorial de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y disidencias Libres y Vivas Nos Queremos tenemos la responsabilidad colectiva de exigir no más violencia de género y acoso laboral en la Administración Pública, en los entes autárquicos de la provincia y en el poder judicial”, remarcaron.
Tenemos la obligación de manifestar que quienes nos tienen que proteger violan las normativas internacionales, nacionales y provinciales en Derechos Humanos, y específicamente las que bregan por la eliminación de la violencia contra las mujeres. De esta manera trabajar en la Administración Pública se ha convertido en un ámbito de terror y devastador para nosotras.
Las trabajadores estatales reiteraron sus denuncias para el presidente de Vialidad Provincial, Nicolás Cittadini; para el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Trelew, Eduardo Maza; para el concejal oficialista de Trelew, Luis Moraga; el ex delegado de la Secretaría de Trabajo, Luis Candia; para el intendente de Dolavon, Dante Bowen; para el Consejo Directivo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el Ministerio de Educación relacionadas a las acusaciones contra un profesor; al director del Hospital “Santa Teresita” de Rawson, Cristian Setevich; al jefe de la División Enfermería del mismo nosocomio, Miguel Ángel Díaz.
Las denuncias se extendieron contra la licenciada Isabel Abarca, la enfermera Paola Casanova y a la jefa de Personal, Miguela Ortega.
En las cataratas de denuncias implicaron además a la ministra de Gobierno, Mariana Vega y al ministro de Salud, docto Fabián Puratich.
Las trabajadoras estatales denunciaron a la Dirección General de Asuntos Legales, que según su óptica se ha convertido en un agujero negro donde nada se resuelve.
En el extenso listado de denunciados también fueron incluidos el gobernador Mariano Arcioni y el ministro coordinador de Gabinete, Federico Massoni, “por criminalizar la protesta y la persecución a las compañeras docentes que vienen sosteniendo más de 100 días de lucha”.
“Nosotras, que somos constantemente violentadas, somos las que debemos tomarnos licencia psicológica, trasladarnos a otra dependencia, dejar nuestras funciones. Y no podemos permitir que se siga afianzando este entramado de violencia en el Estado que protege machirulos”, reprocharon.
“Intimamos al Gobierno Provincial a que cese en su decisión de cuidar violentos en el estado y deje de lado los discursos amigos que solo buscan la foto en los diarios”, recalcaron.
“Este Estado es reproductor de la violencia machista hacia las trabajadoras estatales. Es protector de los violentos y sus privilegios. Nosotras, trabajadoras estatales, decimos basta de violencia institucional”, basta de violencia de género, bastante de violencia laboral”, reclamaron en el final.
