Venció el plazo de dos semanas que la Argentina había dado al Reino Unido para frenar las actividades del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. Ante la falta de un acuerdo, la Cancillería prepara una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales que puedan detener el avance del emprendimiento.
El presidente Javier Milei había anunciado la intimación el 28 de septiembre y advertido que recurriría a la instancia internacional si Londres no frenaba las actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte. Según fuentes oficiales citadas por Infobae, el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno, prevé formalizar el pedido durante esta semana, aunque todavía no hay una fecha confirmada.
La estrategia jurídica se desarrolla junto con la Procuración del Tesoro de la Nación, dirigida por Sebastián Amerio. El objetivo es que el Tribunal evalúe si corresponde adoptar medidas urgentes mientras avanza el arbitraje internacional iniciado bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La presentación no resolvería la disputa de soberanía sobre las islas, sino que buscaría preservar la situación mientras se tramita el caso.
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El proyecto Sea Lion se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de Malvinas y es operado por Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, junto con la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante. Las empresas tomaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y mantienen como objetivo iniciar la producción durante el primer trimestre de 2028. La primera fase contempla once pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.
La actividad empresarial continúa pese a las objeciones argentinas. Rockhopper informó que acordó invertir 44 millones de dólares por su participación en la sociedad propietaria del buque destinado al proyecto. En paralelo, la Casa Rosada comunicó que Halliburton dejaría de prestar servicios a Sea Lion, mientras que Navitas señaló que buscaba reemplazar a dos contratistas afectados y que no esperaba un perjuicio significativo para el desarrollo.
El Tribunal del Mar puede disponer medidas provisionales si se cumplen las condiciones jurídicas y procesales correspondientes, pero la solicitud argentina no implica una suspensión automática de las actividades. La Cancillería fundamentaría su planteo en la disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas y en las obligaciones internacionales relativas a los recursos marítimos. La decisión dependerá de la evaluación del Tribunal, mientras el arbitraje de fondo seguirá un trámite separado.
Fuente: Infobae.
