El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó en el Congreso un proyecto denominado «Un puente al empleo», que busca la conversión de planes sociales en «trabajo genuino y alivio económico» para pymes que generen empleo.
Para construir un puente desde los planes sociales al empleo de calidad.
— Sergio Massa (@SergioMassa) October 8, 2021
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«Desde nuestro espacio político entendemos que el trabajo es más que un salario, es dignidad, es identidad y da sentido de vida y que, desde el Estado, debemos generar un clima de confianza y de estímulo para el empleo», dijo Massa a través de su cuenta de Twitter, al anunciar la presentación del proyecto, que ingresó en las últimas horas a la Cámara baja.
En un video de un minuto que publicó en esa red social, Massa afirmó que «una ley no es una solución mágica» y contextualizó: «La Argentina en el 2002 tenía más de un millón de planes Jefes y Jefas, en el 2015 llegó a 150 mil y, en el 2019, superó los 700 mil planes sociales. Hoy tenemos el desafío de construir un puente de los planes sociales al empleo genuino».
«Estamos promoviendo una herramienta que permite a las pymes, a las provincias, a los municipios, y a los actores de la economía popular tomar el plan como parte del salario y que el trabajador tenga el acceso a la obra social, al aporte jubilatorio y a su seguro». añadió.
«Pretendemos en definitiva construir un camino virtuoso que le digamos que sí a la transformación de los planes sociales en empleo genuino y de calidad», aseveró Massa.
Según indica el proyecto, el Programa “Un puente al empleo” tiene como objetivo principal «transformar, de manera gradual y con un criterio federal, a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal de calidad».
La iniciativa contempla que, por 12 meses, el trabajador o la trabajadora podrá mantener el plan social como complemento del salario.
Además, el proyecto prevé que el trabajador o la trabajadora va a acceder a obra social y ART, a la vez que contempla que el trabajador o la trabajadora que participe del programa debe capacitarse y completar cursos de formación.
De acuerdo con el proyecto, también podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.
De este modo, la iniciativa busca “consolidar y dar sostenibilidad a esta tendencia positiva en la generación de empleo dando previsibilidad a los y las trabajadores y a los distintos sectores de la economía”, orientando sus beneficios en brindar alivio económico a las Mipymes que generen empleo.
Para ello, “Un Puente al Empleo” se centra en dos beneficios principales: por un lado, propone la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales por hasta 24 meses por cada empleado, considerando como tope máximo la suma equivalente a dos salarios mínimos por cada uno y con una nómina tope incremental de 5 a 20 empleados.
De manera complementaria, se promueve un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, para que las MiPyMES puedan regularizar relaciones laborales vigentes e iniciadas con anterioridad a la ley.
De esta forma, las empresas podrán rectificar la remuneración real o la fecha real de inicio de la relación laboral sin que se le puedan iniciar acciones penales por el no pago de aportes y contribuciones.
Además, podrán subsanar la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) y obtendrán la cancelación de la deuda por capital e intereses y multas por falta de pago de aportes y por las relaciones laborales registradas irregularmente.
De todas formas, para no afectar a los empleados incluidos en la regularización, el Estado computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta por 60 meses.
Para poder acceder a estos beneficios, las Mipymes no podrán reducir la nómina laboral ni tener ningún empleado no registrado; no podrán registrar obligaciones previsionales de pago líquidas y exigibles por seis o más períodos fiscales, teniendo la posibilidad de regularizar esta situación dentro de los 30 días de la intimación administrativa y no podrán registrar sanciones laborales que impliquen que sean incorporados en el Repsal.
