La Legislatura de Mendoza derogó este lunes la Ley 9.209 que reemplazaba a la 7.722 y que permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico en la minería a cielo abierto.
La normativa que habilitaba la megaminería había sido impulsada por el propio gobernador Rodolfo Suárez y eso provocó una importante ola de manifestaciones de la comunidad en diferentes ciudades.

Luego de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, en Diputados y Senadores provinciales, la ley fue aprobada por amplias mayorías. Posteriormente, pese a la masividad de las manifestaciones de la población, el Gobierno promulgó la normativa en el Boletín Oficial (el pasado 24 de diciembre).
Sin embargo, las protestas continuaron y el Gobernador anunció que postergaba la reglamentación de la Ley, lo que ponía en virtual pausa la aplicación de la legislación. Finalmente, tras la continuidad de la movilización popular, el Gobierno mendocino resolvió derogar la 9.209.
El proyecto de derogación ingresó este mismo lunes a la Cámara Alta provincial para ser tratado sobre tablas, y los senadores le dieron media sanción, por 34 votos afirmativos, y dos en contra.
Los dos votos en contra son de las senadoras Hilda Quiroga (PJ) y Gladys Ruiz (Cambia Mendoza), ambas representantes de Malargüe.

Al tener media sanción por parte de la Cámara de Senadores, la norma fue girada a Diputados, para que sea tratada sobre tablas y allí recibió la sanción definitiva (43 votos a favor y 3 en contra) para que sea derogada la “ley minera”, y se vuelva a “fojas cero”, volviendo a regir la Ley 7.722.
Ahora, el Ejecutivo provincial será quien deba promulgar lo aprobado por el Legislativo mendocino para que tenga plena vigencia.

Al respecto, Ricardo Funes, ex director de Turismo hasta hace 20 días de San Carlos, departamento de Valle de Uco, se constituyó en uno de los asambleístas que convocó a las marchas en contra de las modificaciones a la Ley 7.722.
El ex funcionario aseguró que “primero quiero celebrar que la política haya respondido al clamor popular, pero después ratificar claramente que la megaminería no tiene licencia social en Mendoza”.
“Es una celebración que haya sido restituida la Ley 7.722, y también estamos alineados y trabajando para que la 5.001 de Chubut, que es una ley hermana y melliza de la 7.722, también se sostenga”, explicó.

“Hacemos un llamamiento a la política nacional para ser capaces de pensar un mundo y una Argentina transformada y con pleno empleo, sin tener que caer en el facilismo de tomar el modelo extractivo, que a la larga termina perjudicando a las poblaciones y a las comunidades”, concluyó.
Durante la sesión de este lunes, hubo una importante concentración de personas en frente de la Legislatura. Los asambleístas y autoconvocados siguieron el tratamiento a través de altoparlantes instalados afuera de la sede legislativa. Hubo festejos tras la sanción definida.
