La controvertida reforma, que requiere la elección popular de jueces, ha generado preocupaciones sobre la politización del poder judicial y el riesgo para la democracia mexicana.
Este martes, el Senado de México aprobó una reforma constitucional que permitirá la elección popular de todos los jueces del país. Esta decisión, tomada en una maratoniana sesión que se extendió hasta la madrugada, ha suscitado una amplia controversia y ha sido criticada por potencialmente politizar el poder judicial.
La votación en el Senado siguió a una breve interrupción provocada por manifestantes que protestaban contra la reforma. Los opositores, que se habían reunido con pancartas y banderas, argumentaron que la medida podría llevar al país hacia un régimen autoritario. La sesión fue reanudada en otro lugar, donde se aprobó la reforma con un resultado de 86 votos a favor y 41 en contra en ambas rondas de votación.
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La reforma había sido aprobada la semana anterior en la cámara baja con el apoyo de Morena, el partido gobernante, y sus aliados. Sin embargo, el Senado representaba el mayor obstáculo, ya que requería un cambio de postura por parte de algunos legisladores opositores. Un legislador del Partido Acción Nacional (PAN), que había mostrado anteriormente oposición a la reforma, cambió su voto tras una baja médica y un consejo de su padre, exgobernador, lo que permitió a la propuesta obtener el voto final necesario.
El siguiente paso para la reforma es su ratificación por parte de las legislaturas de 17 de los 32 estados de México. Se espera que Morena tenga el apoyo necesario para lograr esta ratificación tras sus recientes éxitos electorales.
Durante la sesión, los manifestantes, que incluían empleados judiciales y estudiantes de derecho, expresaron su preocupación sobre los posibles impactos negativos de la reforma. Alejandro Navarrete, un empleado del poder judicial, denunció la propuesta como un intento de llevar al país hacia una dictadura, argumentando que la reforma comprometería la independencia judicial y permitiría la influencia de políticos y delincuentes en los fallos judiciales.
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Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, defiende la reforma como una medida para combatir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas al permitir la sanción de jueces. Sin embargo, sus críticos sostienen que la reforma podría llenar las cortes con jueces afines al partido en el poder y debilitar el sistema de contrapesos del gobierno.
La propuesta también ha levantado preocupaciones entre inversores y líderes internacionales. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, ha calificado la reforma como un «riesgo» para la democracia y una amenaza económica para el país.
Fuente: Clarín.
Foto: Reuters.
