Josefa Lepori de Mujica, fue una de las fundadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo fallecida en 2003. «Bebe Mujica» fue reivindicada este miércoles por su nieta, quien declaró en el juicio a 15 imputados acusados por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar en Neuquén.
Exiliada en México desde muy pequeña junto a su padre, Darío Altomaro, y sus hermanos, Matilde Mujica declaró por vía remota y recordó a su madre, Susana Mujica, detenida desaparecida el 9 de junio de 1976 en Neuquén.
En este marco, relató que «cuando secuestraron a mi mamá yo tenía 2 años y medio y mi hermano Martín diez días de vida», y recordó que fue su abuela quien los protegió de aquel hecho «impactante».
Su hermano fue sietemesino y requería sumos cuidados, por eso es que «siempre hemos dicho que tuvo un ángel protector porque si no hubiera sido así, a mi mamá la hubieran secuestrado embarazada».
La nieta, hoy de 47 años de edad, reconoció que su abuela Josefa Lepori de Mujica, a la que llamaban «Beba Mujica», fue una de las fundadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires.
Al respecto señaló que «que una luchadora incansable», y agregó que «desde el momento en que mi mamá fue secuestrada, mi abuela presentó habeas corpus en la Justicia Federal, reclamó en el Ejército, la Policía Federal, en la provincia, acudió a la Iglesia, viajaba a Buenos Aires donde también le allanaron su departamento».
Al mismo tiempo, recordó que «sufrió como pocas personas he visto, y a pesar de los obstáculos todos los días siguió su búsqueda y su lucha que no paró hasta su fallecimiento en el año 2003».
Además, expresó que «le parece bien que se haga el juicio a pesar del tiempo que ha pasado», aunque aclaró que «hubiera preferido que se hubiera hecho hace mucho».
«Es necesario que (los acusados) sean juzgados para que paguen toda la miseria y el terror que sembraron», afirmó. El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén (TOF), presidido por Alejandro Cabral, para investigar violaciones a los derechos humanos por parte de 15 imputados pertenecientes al Ejército y a fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.
