El personal docente y no docente de las universidades públicas iniciará este miércoles un nuevo paro de 72 horas para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%. La medida alcanzará a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y a otras casas de altos estudios nacionales.
La Ley 27.795 fue sancionada en agosto de 2025 y establece medidas vinculadas al financiamiento de la educación universitaria pública y a la recomposición salarial docente. En paralelo, el Gobierno sostiene que viene cumpliendo con compromisos presupuestarios y salariales y que en septiembre presentó una propuesta de aumento del 6% para el próximo bimestre.
La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni, afirmó que los sindicatos no recibieron nuevos contactos del Gobierno y cuestionó el cumplimiento de las medidas vinculadas con la normativa. Según señaló, tampoco hubo una recomposición salarial adicional más allá del 3% previsto para octubre sobre los haberes de septiembre.
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Carboni también se refirió a una resolución judicial que intimó al Gobierno a cumplir con una medida cautelar relacionada con la actualización de salarios y becas. La dirigente sostuvo que, si no se cumple con lo dispuesto, podrían comenzar a aplicarse multas, aunque indicó que los gremios no tenían confirmación formal sobre una eventual apelación.
El paro fue votado por CONADU y CONADU Histórica y se suma a otras medidas impulsadas por organizaciones docentes y no docentes. En la UBA también habrá actividades de visibilización: la Facultad de Ciencias Económicas abrirá sus puertas a la comunidad de 9 a 19 con asesoramiento para emprendedores, orientación sobre deudas y obligaciones fiscales, prevención de estafas y propuestas culturales.
Además, para este jueves está previsto un abrazo simbólico en la Facultad de Medicina, mientras los gremios preparan nuevas acciones de protesta. El conflicto se encamina hacia una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre, en un reclamo que las organizaciones mantienen desde fines de 2025.
