María Eugenia Alonso fue desvinculada y el resto del personal suspendido tras el cierre del Centro de Atención de PAMI en El Bolsón durante un paro en apoyo a la ex presidenta. Jubilados quedaron sin atención y hubo fuertes críticas políticas.
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El PAMI desató una fuerte polémica en El Bolsón al confirmar este viernes la desvinculación de la delegada local María Eugenia Alonso y la suspensión preventiva del resto del personal del Centro de Atención Primaria (CAP), luego de que el pasado miércoles 18 de junio se cerraran las puertas del organismo durante una jornada de paro convocada por ATE en respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El hecho generó una ola de indignación entre los afiliados, luego de que decenas de jubilados quedaran sin atención médica ni administrativa, con carteles pegados en los ventanales que indicaban la medida de fuerza. Las imágenes del frente de la oficina confirmaron el cierre total y desmintieron la versión de los trabajadores, quienes afirmaron haber estado presentes y no haber adherido formalmente al paro.
La protesta, impulsada por sectores gremiales en repudio a la condena judicial contra Cristina Kirchner, fue considerada por las autoridades como un uso indebido de recursos públicos y abandono de funciones, lo que motivó la inmediata intervención del organismo a nivel nacional.
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“La medida afectó a más de 3.700 afiliados de la región y no se registró ninguna atención ni guardia mínima ese día”, señalaron desde el PAMI a través de un comunicado oficial. Además, justificaron las sanciones bajo una política de “transparencia y responsabilidad” que busca erradicar el uso político-partidario de los servicios estatales.
El caso cobró notoriedad cuando una vecina denunció en medios locales que había acompañado a su madre de 89 años para realizar trámites y se encontraron con el edificio cerrado. “No había nadie. Ni siquiera una guardia. Solo un cartel: hoy no hay nadie”, expresó con indignación.
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A las críticas ciudadanas se sumaron dirigentes del arco político. La diputada libertaria Lorena Villaverde repudió en redes el accionar de los empleados y calificó el episodio como un “desprecio absoluto por el deber con la comunidad”. Tras conocerse las sanciones, celebró la medida tomada por el PAMI: “Con los jubilados no se juega”.
La situación generó un debate sobre los límites entre la militancia política, la protesta gremial y la obligación del Estado de garantizar servicios esenciales, en especial para personas mayores y sectores vulnerables que dependen de la atención pública diaria.
Fuente y foto: Infobae
