Pablo Carlos Molina está acusado de ordenar escuchas ilegales en el marco de una causa por narcotráfico. El veredicto se conocerá el 29 de julio.
El fiscal general Carlos Schaefer y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uriona, solicitaron una condena de cinco años de prisión para el exsecretario judicial Pablo Carlos Molina, acusado de intervenir sin autorización judicial las líneas telefónicas de su esposa y de un allegado a ella, en Corrientes.
Según la imputación, Molina firmó el 11 de septiembre de 2014 un oficio judicial que fue avalado también por el entonces juez federal Carlos Vicente Soto Dávila, mediante el cual se ordenaba la intervención telefónica de dos abonados en el marco de una supuesta investigación por narcotráfico. Sin embargo, las líneas pertenecían a su esposa y a un hombre con quien sospechaba que ella mantenía una relación.
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“El oficio se libró sin resolución judicial mediante y con datos falsos”, detalló el Ministerio Público Fiscal durante su alegato. Además, indicaron que “el hecho fue descubierto en 2019, cuando se hallaron 28 discos con las grabaciones, en las que incluso se escucha al acusado insultando y amenazando a su pareja”.
Para la fiscalía, Molina es responsable de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, en concurso real. También solicitaron su inhabilitación absoluta y especial por el doble del tiempo de la pena.
La defensa pidió su absolución. El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes y está previsto que el veredicto se conozca el 29 de julio. Molina ya tiene una condena previa por corrupción junto a Soto Dávila, quien renunció a su cargo tras ser procesado como jefe de una asociación ilícita.
