El veredicto con respecto a la sentencia final se dará a conocer en la audiencia que tendrá lugar el próximo martes.
La audiencia de debate contó con la participación del funcionario Ismael Cerda y la fiscal María Bottini, quienes solicitaron la imposición de una pena de 20 años de prisión. En su argumentación, ambos abogados enfatizaron la gravedad de los delitos, su persistencia a lo largo del tiempo y su naturaleza aberrante. Además, destacaron que el acusado manipuló hábilmente al entorno familiar para obtener testimonios a su favor.
Ismael Cerda, en su alegato, resaltó que los abusos se prolongaron durante más de dos décadas, dentro de un contexto caracterizado por la violencia física, simbólica y económica ejercida por el imputado. Detalló las condiciones que condujeron a la alta vulnerabilidad de la víctima, mientras que la fiscal María Bottini subrayó la motivación para ejercer un control dominante sobre la víctima y su familia. Bottini argumentó que existe un imperativo estatal de romper con estos patrones y prácticas culturales destructivas.
En contraposición, el defensor particular del acusado, Juan Zapata, propuso una pena de 10 años de prisión, un período que se aleja del mínimo legal, con la esperanza de lograr la resocialización de su cliente. Zapata presentó como atenuantes la falta de educación formal de su defendido, su afiliación religiosa y el argumento de que nunca faltó en el aspecto económico con respecto a sus hijos. Además, Zapata argumentó que estas circunstancias no respaldan la idea de que su cliente podría haber manipulado a tantas personas como se alega.
La audiencia concluyó sin un veredicto definitivo sobre la pena. La próxima semana, el tribunal dará a conocer su decisión final.
