El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) denunció que este martes uno de sus observadores fue herido por siete balinazos disparados por carabineros durante una manifestación de protesta en el centro de Santiago y tuvo que ser trasladado hacia un centro asistencial.
En la Alameda se repitieron las escenas de barricadas, pequeños incendios, corridas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Los manifestantes portaron muchas banderas chilenas y de pueblos originarios, además de números carteles con consignas “Renuncia Piñera”, “Nueva Constitución”, “Chile despertó”, entre otras.
Télam consultó a manifestantes que estaban en la Plaza Italia por qué seguían las marchas tras la baja del Estado de Emergencia, el anunció un agenda social y el cambió parte del gabinete.
“Seguiremos marchando hasta que Piñera haga cambios estructurales”, dijeron, y remarcaban que los cuestionados ministros de salud, Jaime Mañalich, y educación, Marcela Cubillos, siguen en sus cargos.
“Necesitamos una nueva Constitución, no podemos seguir con la de Pinochet”, dijo por su parte Susana, de la capitalina comuna de Ñuñoa.
Las autoridades reforzaron la seguridad para impedir que se repitieran los incidentes que estallaron anoche, cuando varios locales situados en un centro de compras de Santiago fueron incendiados.
La manifestación en la capital, donde el viernes pasado hubo una protesta de más de un millón de personas, tuvo réplicas en La Serena, Valparaíso, Concepción y Arica, entre otras ciudades.
El presidente Sebastián Piñera tomó varias medidas con la esperanza de aplacar las protestas, pero hasta el momento la estrategia no dio resultados.
Entre otras cosas, retrocedió en su decisión de militarizar las calles, anuló el estado de emergencia (sitio) que había decretado, retrotrajo su decisión de aumentar los boletos del subterráneo y anunció una agenda social con reformas en los sistemas previsional y tributaria, aumento de ingresos para trabajadores y jubilados, ayudas extraordinarias para las pymes y bajas en los precios de los medicamentos.
Mientras la tensión aumentaba en la calles, el gobierno declaró que su prioridad en la emergencia generada por la rebelión popular es «recuperar la paz» para luego avanzar con la agenda social con la que Piñera aspira a mejorar la situación de los sectores más pobres de la población.
«La prioridad es recuperar la paz social, eso es lo que todos los chilenos quieren; la violencia es inaceptable y por eso le quiero pedir a todos los sectores que rechacemos la violencia; hagamos un esfuerzo de unidad por la paz social», dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
En segundo lugar, añadió, «la agenda social es la prioridad en el corto plazo; eso es lo que quiere la gente».
Blumel habló después de una reunión de gabinete encabezada por Piñera, la primera después de la reorganización del gobierno que ordenó ayer el jefe del Estado, con varios ministros forzados por la masividad de las protestas que se suceden en Chile.
Participaron del encuentro, además de Blumel, los ministros de Hacienda, Ignacio Briones; de la Secretaría General de Gobierno, Karla Rubilar; de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward; de Economía, Lucas Palacios; de Trabajo, María José Zaldívar; de Bienes Nacionales, Julio Isamit, y de Deporte, Cecilia Pérez, junto al resto del gabinete.
El estallido social en Chile dejó un resultado de 20 muertos, cientos de heridos y 9.203 detenidos, de acuerdo con un balance oficial difundido hoy por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En tanto, la oposición anunció que se comprometió a presentar la semana próxima una acusación constitucional contra Piñera, un paso previo e imprescindible para avanzar hacia el inicio de un juicio político.
También hubo una reunión de autoridades legislativas en la que se analizaron diversos proyectos que apuntan hacia una reforma de la Constitución.
Entre esas iniciativas, figura una que impulsa la convocatoria a un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie sobre la conveniencia o no de reformar la carta magna.
La Constitución vigente en Chile fue sancionada en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet, pero desde 1989 hasta 2017 fue reformada en 20 ocasiones.
