El juez Alejandro Rosales dispuso la aplicación de la prisión preventiva por tres meses contra un hombre de 57 años, quien se encuentra imputado de «abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por el encargado de la educación y en contexto de la Ley de Protección Integral contra la Mujer».
Según informó Fiscalía de Sarmiento, el hecho fue denunciado el lunes pasado lunes en la Comisaría de la Mujer por la madre de la víctima. La mujer relató que el procesado intentó establecer contacto con la adolescente, mediante una video llamada. Dijo además que el imputado habría permanecido estacionado en su vehículo, en inmediaciones del establecimiento escolar, al que concurre la víctima.
Ante el incumplimiento de las ordenes impuestas por un tribunal revisor de la localidad petrolera, en noviembre de 2021, se resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, respecto de la medida de coerción.
Tras lo ocurrido, Fiscalía le solicitó al juez de turno que autorice, en la casa del procesado, un allanamiento y secuestro de elementos de interés para la investigación.
La fiscal Rita Barrionuevo requirió que se revoquen las medidas sustitutivas impuestas en la apertura de investigación, realizada el 25 de noviembre de 2021.
En este marco, peticionó que se le imponga la prisión preventiva al sospechoso. El plazo requerido, para la aplicación de la medida, fue hasta la realización de la audiencia preliminar de juicio. Sus fundamentos, se basaron en la existencia de elementos de convicción suficiente para sostener que el imputado es (con el grado de probabilidad que requiere esta etapa) autor del hecho punible.
Desarrolló también los riesgos procesales, vinculados al peligro de fuga por la pena en expectativa y por la gravedad del hecho. Finalmente, la fiscal Barrionuevo se refirió sobre el comportamiento del imputado durante el proceso.
A su turno, el abogado Marcelo Catalano, del Ministerio de la Defensa Pública, consideró que la parte acusadora no presentó fundamentos suficientes para que se haga lugar a la revocatoria de las medidas sustitutivas. Por otra parte, consideró que el proceso no penal está en riesgo. También, sostuvo que no se acreditó, que su asistido vulnerara las reglas de comportamiento impuestas.
Luego de un cuarto intermedio, el magistrado, repasó los planteos efectuados por las partes durante el acto judicial.
En este contexto, Rosales, refirió que se ha evidenciado que el imputado, no tiene la intención de acatar, ni aceptar, las medidas de menor intensidad, impuestas por el tribunal.
Así las cosas, resolvió revocar las medidas sustitutivas y dispuso la aplicación de la prisión preventiva contra el imputado, por el término de tres meses o hasta la realización de la audiencia preliminar.
EL CASO
Desde Fiscalía recordaron que el primer hecho de abuso ocurrió en septiembre de 2020, en una oficina de un centro comunitario ubicado en el barrio «Parque 21 de Junio».
En tanto, en octubre de ese mismo, el imputado agredió nuevamente a la menor de edad. En esa ocasión, el ataque se registró en el domicilio de la víctima.
Por último, Fiscalía, sostiene que, en noviembre de 2020, el agresor utilizó su vivienda para atacar por tercera vez a la adolescente.
Fuente: Ministerio Público Fiscal Chubut.
