El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó a 14 directivos de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Ramallo SA, por su presunta responsabilidad en la fabricación y distribución de fentanilo contaminado, relacionado con la muerte de 124 pacientes. Otros dos imputados continúan bajo investigación.
A la cabeza del fallo se encuentra Ariel Fernando García, propietario de las empresas, a quien se lo considera coautor del delito de adulteración de sustancias medicinales y se le dictó un embargo récord de un billón de pesos. “Era garante del control, calidad y seguridad de los productos, y el incumplimiento de las normas de fabricación habilitó la adulteración de los medicamentos que derivó en el resultado letal”, sostuvo Kreplak.
El procesamiento también alcanzó a Diego García, Nilda Furfaro, Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi, entre otros, con embargos que en algunos casos alcanzan los 500 mil millones de pesos. Varios de ellos deberán cumplir prisión preventiva, mientras que dos acusadas obtuvieron detención domiciliaria.
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La resolución de 401 fojas concluyó que existió un “incumplimiento sistemático de normas de calidad”, con documentación antedatada, protocolos falsificados y controles de laboratorio simulados. “Los registros documentales de los productos elaborados en Laboratorios Ramallo se realizaban ex post facto respecto de su fabricación, inventando datos y fórmulas para presentarlos ante la autoridad de aplicación”, remarcó el juez.
Según el magistrado, la adulteración dolosa de los lotes permitió la liberación de fentanilo en mal estado que resultó letal para al menos 20 personas, aunque la investigación vincula el brote con la muerte de hasta 124 pacientes. La figura penal contempla penas de 10 a 25 años de prisión de cumplimiento efectivo.
La investigación identificó una política empresarial “deliberada y negligente” que priorizó la rentabilidad sobre la salud pública. Kreplak sostuvo que hubo “una reducción de costos y simulación de controles avalada por la alta dirección de la empresa”.
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Los procesamientos incluyen a responsables de áreas críticas como dirección técnica, control de calidad y gestión documental. Entre ellos se destacan Adriana Iúdica, Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar y Rocío del Cielo Garay, señaladas por firmar protocolos falsos que habilitaron la circulación del medicamento adulterado.
Por su parte, dos imputados, Horacio Antonio Tallarico y Rodolfo Labrusciano, fueron beneficiados con falta de mérito al considerarse que su participación se limitaba a tareas administrativas, aunque la investigación continuará sobre ellos.
El fallo también dispuso la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para todos los acusados. “El incumplimiento de las condiciones mínimas de calidad del producto los hace responsables por las adulteraciones que, en caso de haberlas cumplido, se habrían evitado”, concluyó Kreplak.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
