El Gobierno pospuso la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Ciudad de Buenos Aires tras reclamos del Ministerio Público Fiscal por falta de preparación para abordar causas complejas.
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El Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, anunció este jueves la postergación de la entrada en vigencia del sistema acusatorio en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires. La implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, prevista originalmente para el 11 de agosto, fue diferida por tres meses como respuesta a reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal (MPF), que advirtió sobre dificultades técnicas y estructurales para abordar investigaciones complejas en esa jurisdicción.
“El sistema judicial penal federal cuenta con recursos suficientes para llevar adelante esta reforma, pero esta decisión busca remover obstáculos políticos y corporativos”, expresó el comunicado oficial difundido por el Ministerio. La cartera subrayó que la medida es “excepcional e improrrogable”, y que tiene como objetivo garantizar una coordinación eficaz entre los tres poderes del Estado, tal como ocurrió en otras ciudades donde el nuevo sistema ya rige, como Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata.
El texto también apuntó contra lo que denominó la “desidia y desinversión de la casta política y judicial”, que demoró durante años una transformación considerada clave para una justicia penal más ágil y eficiente. Entre los beneficios del nuevo modelo, el Gobierno destacó que acorta la duración de los procesos y permite ejecutar una política criminal más estratégica.
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A pesar del respaldo político a la reforma, el Ministerio reconoció que los fiscales plantearon objeciones vinculadas a la falta de infraestructura tecnológica y preparación operativa para asumir un rol más activo en las investigaciones, tal como establece el nuevo esquema. En el sistema acusatorio, el peso de la investigación recae en el Ministerio Público Fiscal, mientras que los jueces actúan como garantes del proceso legal.
La postergación representa un nuevo capítulo en la compleja transición hacia el sistema acusatorio, una reforma judicial largamente demorada y vigente por ley desde hace más de una década, cuya implementación plena aún presenta desafíos dispares según la región.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
