En la sesión extraordinaria de este lunes por la tarde, los diputados presentaron y aprobaron un proyecto de Ley, donde se encomienda al Gobernador, Ignacio Torres a realizar todas las acciones necesarias que conduzcan a hacer cesar las acciones del Gobierno Nacional que perjudican a la provincia.
En sus fundamentos, el proyecto expresa:
“La provincia de Chubut sostiene un reclamo ante el Gobierno de la Nación derivado de la quita automática de 13.500 millones de pesos de los fondos de coparticipación que la provincia debía recibir. Esta suma, representa, aproximadamente un 37% del total de estos”.
“El panorama en cuestión genera un importante y fundado reclamo, puesto que esta quita impide al Estado Chubutense hacer frente a sus obligaciones mínimas para el funcionamiento de la provincia. Estamos hablando de salud, educación, seguridad, etc”.
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“La provincia de Chubut, a través de sus autoridades, planteó oportunamente un requerimiento a los fines de atender una situación sobre la que no ha habido respuesta”.
“Los fondos retenidos no forman parte de sumas discrecionales, sino de dinero que le corresponde a la provincia del Chubut, en concepto de coparticipación federal de impuestos, por derecho propio. Chubut, no es una provincia que se encuentre subsidiada por el Estado Nacional, sino por el contrario, aporta mas de lo que recibe”.
“No solo es necesaria, sino que se ajusta a pleno derecho, el reclamo que lleva adelante el Gobierno de la Provincia del Chubut, por las sumas retenidas. El Sr. Gobernador, Ignacio Torres, tomó decisiones acordes con la defensa de los intereses de Chubut dado el mandato constitucional que pesa sobre él y encontrando los respaldos políticos necesarios para resolver esta situación. No es, bajo ningún punto de vista, una actitud rivalista la que se ha adoptado sino, por el contrario, la demanda de urgente solución y respuesta ante la omisión perjuiciosa del Estado Nacional respecto de Chubut”.
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“La Legislatura de la Provincia del Chubut sanciona con fuerza de Ley”:
Articulo 1: Encomiéndese al Poder Ejecutivo la ejecución de todas las acciones administrativas, judiciales y medios alternativos de resolución de conflictos que conduzcan a hacer cesar la ilegalidad y atropello del Gobierno Nacional, al retener fondos que por derecho le corresponden al Estado Provincial.
