A pesar de las críticas de la oposición, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que no se realizarán modificaciones al decreto que redefine los criterios de acceso a la información pública en el país.
El Gobierno ha confirmado que mantendrá en vigor el Decreto 780/2024, que modifica aspectos clave de la Ley de Acceso a la Información Pública, a pesar de las críticas de la oposición y organismos civiles. Manuel Adorni, vocero presidencial, defendió las nuevas disposiciones durante una conferencia de prensa, enfatizando que el objetivo es equilibrar el derecho a la información con la privacidad de los funcionarios públicos.
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El decreto establece nuevas definiciones sobre «información pública» y «documento», ampliando las excepciones para el acceso a ciertos datos. Adorni argumentó que la medida responde al uso excesivo de recursos públicos para responder preguntas irrelevantes, como detalles sobre mascotas o actividades privadas de los funcionarios. Según datos del gobierno, los pedidos de información aumentaron drásticamente en los últimos años, con 558 solicitudes solo hasta agosto de 2023.
Entre los cambios más controvertidos, el decreto redefine «información pública» como aquella que no incluye datos de carácter privado o sin interés público. Además, aclara que los documentos preliminares o preparatorios de decisiones no serán considerados información pública. Estas medidas buscan limitar el acceso a información que podría comprometer la seguridad o privacidad de los funcionarios, sin afectar la transparencia en la gestión de los fondos públicos.
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El artículo 8 del decreto también especifica las excepciones al acceso a la información, incluyendo datos personales que puedan poner en riesgo la seguridad de una persona o que estén relacionados con investigaciones en curso. Sin embargo, en casos de delitos de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos, estas excepciones no serán aplicables.
Fuente: Ámbito Financiero
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