El Gobierno presentó un anteproyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal que apunta a ampliar el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y redefinir los criterios de control por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La iniciativa busca flexibilizar requisitos de ingreso y, al mismo tiempo, establecer reglas más objetivas para las inspecciones fiscales.
Según especialistas citados por el sector tributario, el nuevo esquema permitiría una apertura sin precedentes del régimen simplificado, al eliminar topes de ingresos y patrimonio que antes limitaban el acceso. De esta forma, contribuyentes con altos niveles de facturación o grandes patrimonios podrían incorporarse al sistema, aunque bajo condiciones diferenciadas.
En ese marco, se prevé que quienes adhieran solo utilicen el régimen para la determinación del impuesto, sin acceder a beneficios como la prescripción limitada o el bloqueo fiscal. Esto implica que ARCA conservaría mayores facultades de revisión sobre períodos anteriores en determinados casos.
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Uno de los puntos centrales de la reforma es el cambio en el criterio de “discrepancia significativa”, que define cuándo una declaración jurada puede ser objetada por el organismo fiscal. El proyecto modifica la base de cálculo del 15%, que pasaría a medirse sobre el impuesto determinado y no sobre el impuesto a pagar, lo que elevaría el umbral para iniciar revisiones.
Además, se incorpora un piso mínimo adicional vinculado al Régimen Penal Tributario, lo que refuerza los límites para activar fiscalizaciones. También se amplía el concepto de discrepancia, incluyendo no solo documentación apócrifa sino también el cómputo indebido de pagos a cuenta, retenciones o percepciones.
El proyecto establece, a su vez, que la carga de la prueba recaerá exclusivamente en ARCA, que solo podrá basarse en información declarada por el contribuyente, datos propios del organismo o registros de terceros. Asimismo, se fijan plazos para regularizaciones sin que se configure discrepancia, se limitan presunciones patrimoniales y se prevé la devolución de importes en caso de resoluciones revertidas.
En paralelo, la iniciativa introduce exigencias de bancarización y control financiero, con intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), y obliga a la implementación de sistemas de validación digital en tiempo real para sujetos obligados.
FUENTE: IPROFESIONAL.
IMÁGEN: Montaje.
