Solicitantes de asilo que llegaron al Reino Unido de forma irregular serán vigilados a través de dispositivos de seguimiento electrónico, de acuerdo a un plan piloto del Gobierno revelado hoy tras sufrir una derrota judicial en su intento de deportar a estos migrantes a Ruanda.
La prueba, de 12 meses de duración, podría aplicarse de manera masiva a los adultos que vayan a ser expulsados tras llegar a la isla por lo que Londres denomina rutas «peligrosas o innecesarias», indicó la cadena pública BBC citando fuentes del Ministerio del Interior.
El primer ministro Boris Johnson dijo que era importante «asegurarse de que los solicitantes de asilo no puedan desaparecer en el resto del país», aunque los críticos aseguran que con este nuevo plan se los trata como si fueran criminales.
Según la BBC, los primeros que pueden ser objeto de ese seguimiento son quienes iban a ser enviados a Ruanda esta semana y cuya deportación fue bloqueada en el último momento por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Esa decisión fue tildada hoy de «totalmente escandalosa» por la ministra del Interior británica, Priti Patel.
El martes por la noche, el gobierno británico tenía listo un vuelo chárter, que costó cientos de miles de dólares, para trasladar a Ruanda a los primeros migrantes y solicitantes de asilo afectados por su nueva y cuestionada política.
Pero el TEDH, jurisdicción del Consejo de Europa con sede en Estrasburgo (Francia) que supervisa el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se opuso, dictaminando que la justicia británica debe examinar antes detalladamente la legalidad del plan.
«Se tienen que ver los motivos» de esta decisión, dijo Patel al diario The Telegraph. «¿Cómo y por qué tomaron esta decisión? ¿Hubo motivos políticos? Creo que sí, totalmente», agregó.
«La forma opaca en la que trabaja este tribunal es totalmente escandalosa», afirmó en declaraciones citadas por la agencia de noticias AFP.
El bloqueo del avión con destino a Ruanda tuvo lugar después de que se presentaran múltiples recursos individuales ante la justicia.
Pese a las críticas, el gobierno británico expresó su determinación de proseguir con su controvertido proyecto de expulsiones.
