El Senado buscará aprobar esta semana el proyecto que ratifica el Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, que otorga 70 mil millones de pesos a las provincias para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.
El entendimiento firmado el 4 de diciembre último en un acto que se realizó en la Casa Rosada recibió dictamen favorable el miércoles pasado en la comisión de Presupuesto del Senado, que preside el senador Carlos Caserio (Frente de Todos-Córdoba).
Todas las provincias argentinas firmaron el acuerdo, excepto San Luis y La Pampa, que brindaron su apoyo pero no rubricaron el documento porque tampoco habían adherido al anterior pacto fiscal; y la ciudad de Buenos Aires, enfrentada con el Gobierno nacional por la reasignación de fondos coparticipables.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, objetó la quita de fondos para la Ciudad ante la Corte Suprema y como el consenso fiscal tiene entre prerrogativas de base renunciar a los juicios contra la Nación resolvió no suscribir el convenio.
El objetivo del oficialismo es dar media sanción a la propuesta en la segunda sesión extraordinaria del Senado, a la que se convocaría entre miércoles y viernes a las 14, para luego girar el expediente a la Cámara de Diputados, según indicó la agencia Télam.
El jefe de la bancada del oficialismo, José Mayans, declaró que pactos fiscales de esta naturaleza «tienden a resolver los problemas fiscales que tiene el país» y consideró que la meta central es determinar los modos de «estabilizar las cuentas públicas tanto a nivel nacional como provincial».
Desde la oposición, se manifestó preocupación en la última reunión de la comisión de Presupuesto por la falta de recomendaciones desde el Poder Ejecutivo respecto «al comportamiento del gasto».
El nuevo acuerdo fiscal permitirá a las provincias contar con unos $70.000 millones. Además, establece que en el 2021 las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados al 31 de diciembre del 2020.
Esa medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito o con acreedores institucionales siempre que, estos últimos, otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.
También se aplicarán a los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.
Otro punto central el acuerdo estará vinculado a las demandas judiciales y se establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales, y suspender los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
