El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad estuvo casi dos horas en Comodoro Py ante el fiscal Picardi y el juez Casanello. Alegó que no tuvo acceso completo al expediente y rechazó todas las imputaciones.
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La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ingresó en un punto decisivo con la indagatoria del exdirector Diego Spagnuolo, acusado de liderar un esquema de coimas, direccionamiento de contratos y maniobras irregulares en la provisión de medicamentos y prótesis. Pese a estar casi dos horas en los tribunales federales, el exfuncionario se negó a declarar.
Spagnuolo ingresó a Comodoro Py pasado el mediodía, directamente en su camioneta, para evitar el contacto con la prensa. Frente al fiscal Franco Picardi y al juez Sebastián Casanello, reiteró lo señalado en un escrito presentado el día anterior: que no tuvo acceso completo al material probatorio y que no tiene relación alguna con los hechos investigados. Su abogado, Mauricio D’Alessandro, sostuvo que el exdirector volverá a declarar cuando pueda revisar el expediente.
Uno de los puntos más sensibles es la prueba auditiva. D’Alessandro aseguró que una pericia de parte determinó que los audios incorporados a la causa fueron “manipulados con inteligencia artificial”. Según explicó, se empleó un software alemán que compara registros de voz, y que la presencia de sonido ambiente habría permitido “engañar” al sistema. Respecto al dinero secuestrado en allanamientos, argumentó que había sido depositado en la caja de seguridad “siete meses antes” de que Spagnuolo asumiera en el organismo.
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El expediente avanza sobre un esquema que, según la fiscalía, funcionó entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, durante la gestión de Spagnuolo y su segundo, Daniel Garbellini. Las pruebas incluyen videos en los que se lo ve ingresar y salir de la casa del empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como intermediario de proveedores farmacéuticos, con una mochila en mano. Para Picardi, allí se habría producido la entrega de al menos $5 millones en efectivo, cifra destinada, según diálogos incorporados al expediente, a financiar un viaje al exterior.
D’Alessandro cuestionó la cronología de esas pruebas: “Los $5 millones se anuncian como entregados el 11 de junio, pero las fotos son del 13 de agosto. O tardaron dos meses y dos días en juntar el dinero o son extemporáneas”, lanzó.
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La causa también involucra a las droguerías Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta, que —según la investigación— fueron favorecidas sistemáticamente y obtuvieron contratos por alrededor de $40.000 millones en el último año y medio. El dictamen apunta además a la participación de personas ajenas a la estructura estatal con acceso al sistema interno de contrataciones, como Luciana Ferrari, empleada de un laboratorio privado. El capítulo más delicado es el rol de los lobistas Calvete y Pablo Achavajian, quienes, según conversaciones analizadas, coordinaban qué empresas debían resultar adjudicatarias y qué montos debían liberarse.
Este martes, el empresario Calvete también se negó a declarar ante el juez. Su silencio alimenta el clima de expectativa sobre los próximos convocados y sobre la estrategia defensiva de Spagnuolo, quien por ahora insiste en que “no gestionaba pagos ni conocía a nadie que lo hiciera por él”. El avance de la causa dejará en evidencia si esa línea argumental resiste la contundencia del expediente.
Fuente y foto: TN
