La diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia ante la Justicia Federal por el presunto desvío y retención de fondos destinados a obras y mantenimiento de rutas nacionales. La presentación apunta contra funcionarios del Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Nación.
Según la documentación incorporada a la denuncia, al 31 de mayo de 2026 el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) acumulaba más de $1,001 billones en inversiones financieras, principalmente plazos fijos y títulos públicos. A esa cifra se sumaban otros $37.761 millones que permanecían paralizados en cuentas bancarias.
De acuerdo con Tolosa Paz, en total había más de $1,038 billones sin utilizar para el objetivo específico del fideicomiso. La legisladora sostuvo además que, durante un período de dos años y medio, se recaudaron $1,503 billones, pero solo se ejecutaron $394.406 millones para obras viales, lo que representa una subejecución del 73,8%.
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La denuncia también pone el foco en distintas obras de las rutas nacionales 3 y 5 en la provincia de Buenos Aires, financiadas parcialmente mediante un crédito de la CAF. En el caso de la RN5, el tramo Mercedes-Variante Suipacha registraba en mayo de 2026 un avance físico del 16,89% y una ejecución financiera del 11,36%. En tanto, el tramo de la RN3 entre San Miguel del Monte y Gorchs alcanzaba un avance físico del 26,95%.
Tolosa Paz pidió investigar posibles delitos como malversación agravada de fondos públicos, administración fraudulenta contra la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio del cargo. Además, solicitó medidas cautelares para preservar correos electrónicos, documentación, registros contables y datos bancarios vinculados con la administración del SISVIAL desde enero de 2024.
La legisladora cuestionó que recursos con asignación específica para la infraestructura vial permanezcan colocados en instrumentos financieros mientras obras contratadas presentan bajos niveles de ejecución. Ahora, la Justicia deberá determinar cómo fueron administrados los fondos, quién ordenó las colocaciones y si existieron irregularidades en el manejo del dinero.
FUENTE: NA.
IMÁGEN: NA.
