La medida, que surge de un amparo de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, busca preservar el estatus sanitario de la región y evitar consecuencias económicas y sanitarias graves.
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Río Grande, Tierra del Fuego – A partir de ayer quedó suspendido por 30 días el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, luego de que la jueza Mariel Borruto hiciera lugar a un amparo presentado por la Asociación Rural de Tierra del Fuego contra la resolución N°460 del SENASA, que había autorizado el ingreso de estos productos al sur del río Colorado en junio.
El fallo responde a riesgos sanitarios y económicos graves, tras cartas de organismos sanitarios de Chile que prohibieron el ingreso de carne argentina a su territorio y al anuncio de la Unión Europea de iniciar inspecciones en la región. La jueza sostuvo que “el reconocimiento internacional de la Patagonia como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación constituye un activo estratégico cuya pérdida acarrearía un perjuicio irreparable” para productores, trabajadores y consumidores.
Los ganaderos fueguinos transportan sus animales hacia frigoríficos de Santa Cruz, recorriendo entre 300 y 600 kilómetros y atravesando controles sanitarios chilenos, lo que hace especialmente sensible la situación ante la nueva resolución. La jueza señaló que la suspensión de la resolución busca evitar consecuencias de difícil reversión, dado que la Resolución N°5952/2025 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile ya había dejado sin efecto el reconocimiento sanitario de la región y suspendido importaciones desde Argentina.
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El amparo fue presentado el 29 de julio por Lucila Apolinaire, presidenta de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, con el acompañamiento del abogado José Luis Paños. En su escrito, los ruralistas advirtieron que la apertura al ingreso de carne con hueso generaba un riesgo inmediato de pérdida del estatus sanitario, cierre de mercados externos, afectación de contratos y caída de precios para los productores.
Aunque la fiscalía federal se manifestó en contra de la medida y el SENASA defendió que su resolución buscaba modernizar el sector sin comprometer el estatus sanitario, la jueza priorizó los argumentos internacionales y la protección de la economía regional y los derechos de los consumidores.
Fuente: masp.lmneuquen.
Foto: Archivo
