El Departamento de Justicia de EE.UU. intentó, a última hora, evitar que un juez federal obtuviera más detalles sobre las deportaciones realizadas por la administración Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
El gobierno argumentó que esta solicitud podría poner en riesgo la seguridad nacional, señalando que las preguntas planteadas interferían con aspectos fundamentales de la autoridad del Poder Ejecutivo en materia de seguridad, relaciones exteriores y política exterior.
El juez James Boasberg había solicitado al gobierno que proporcionara información detallada sobre las deportaciones, incluidas las horas exactas en las que los vuelos con migrantes partieron de Estados Unidos y abandonaron su espacio aéreo.
MIRÁ TAMBIÉN: Protestas masivas en Jerusalén contra Netanyahu
Además, se pedía conocer las horas en que los deportados fueron transferidos fuera de la custodia estadounidense. La solicitud de información llegó justo antes del límite de tiempo establecido para la entrega de los datos, lo que generó un nuevo enfrentamiento entre el Departamento de Justicia y la Corte.
La presentación urgente realizada por la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y otros funcionarios de alto rango se presentó como una defensa para proteger la integridad de las políticas relacionadas con la seguridad nacional y las relaciones exteriores. El caso pone en evidencia las tensiones entre el poder judicial y el Ejecutivo, especialmente en torno a las políticas de deportación implementadas durante la administración Trump.
Fuente: CNN.
