La fiscal Ivana Berazategui cuestionó la valoración de la prueba realizada por la jueza Alejandra Hernández, quien absolvió a Germán Martinelli por el beneficio de la duda en una causa vinculada con el presunto uso de documentación falsa durante un proceso electoral de la cooperativa de Puerto Madryn.
La representante del Ministerio Público Fiscal señaló además que durante el debate se habría impedido el ingreso de público y de trabajadores de prensa, una situación que podría derivar en un planteo de nulidad del proceso.
En diálogo con Radio 3, Berazategui confirmó que Martinelli fue absuelto bajo el principio de in dubio pro reo. “Sí, efectivamente se absolvió por el beneficio de la duda al señor Martinelli por el hecho que se había calificado como uso de documentos falsos”, explicó.
La investigación se inició a partir de presuntas irregularidades detectadas en los avales presentados para participar de las elecciones de la cooperativa. Según relató la fiscal, durante la verificación de la documentación se detectó que algunos de los nombres incluidos en las actas correspondían a personas que habían fallecido antes de la convocatoria electoral.
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“Hay una persona fallecida un año antes, en 2023; una persona fallecida en 2022 y otra persona fallecida en 2019”, detalló Berazategui.
La fiscal sostuvo que también fueron convocadas por el Ministerio Público personas que figuraban en las actas y que, al declarar durante el debate, negaron haber firmado los avales.
“Al consultarles manifestaron que no conocían a la persona de Martinelli, no habían firmado avales y que esa firma, al verificarlo, no era ni su letra ni su firma”, afirmó.
Según Berazategui, esos testimonios fueron realizados bajo juramento y constituyeron uno de los elementos centrales de la acusación.
Uno de los principales cuestionamientos de la fiscal está relacionado con la exigencia de una pericia caligráfica como elemento necesario para acreditar que las personas que declararon no habían firmado los documentos.
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La jueza habría considerado que esa prueba era necesaria para confirmar los testimonios.
Berazategui cuestionó ese criterio: “Pericia caligráfica que no tiene ningún tipo de asidero, ni sentido, que justamente nos encontramos con declaraciones testimoniales bajo juramento”.
Y agregó: “No tiene sentido establecer la necesidad de otra prueba”.
La fiscal consideró que la resolución realizó una valoración insuficiente de los elementos incorporados durante el juicio. “Entiendo que el fallo no es correcto, no han hecho una valoración correcta de lo sucedido”, manifestó.
Tras conocerse la absolución, el Ministerio Público Fiscal analiza ahora qué vía procesal corresponde adoptar. Berazategui explicó que el Código Procesal establece un plazo reducido para que la Fiscalía pueda impugnar una resolución de estas características.
“Tenemos cinco días hábiles”, indicó.
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Sin embargo, la fiscal señaló que durante el proceso se habría producido otra situación que podría tener consecuencias sobre la validez del debate: la restricción al ingreso del público y de la prensa.
“También ha ocurrido otro tipo de irregularidades en este proceso, como el no ingreso de público en esta audiencia y podría generar una nulidad”, advirtió.
Según explicó, la publicidad de los actos judiciales constituye un principio general y las restricciones deben encontrarse debidamente justificadas.
“Se impidió el paso a prensa, se impidió el paso a otras personas al proceso. Eso es lo que vamos a evaluar para presentar alguna impugnación en el caso”, sostuvo.
Berazategui señaló que la Fiscalía tomó conocimiento de la situación después de finalizada la etapa de declaraciones testimoniales y antes de los alegatos.
“Nos enteramos luego de terminada la instancia de declaraciones testimoniales y antes de realizar los alegatos finales”, explicó.
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La fiscal aclaró que todavía se está verificando qué ocurrió y si existió alguna resolución judicial que justificara la restricción de acceso.
“Cuando se prohíbe esta publicidad o cuando no entra la publicidad, tiene que ser por ley o por una orden de juez fundada. No ha ocurrido nada de esto, desconocemos cuál fue la situación, es lo que estamos averiguando en este momento”, afirmó.
Entre las situaciones que pueden justificar restricciones a la publicidad de un juicio mencionó los casos establecidos por ley, como aquellos relacionados con violencia de género o cuando existen menores involucrados.
La Fiscalía deberá resolver dentro del plazo procesal correspondiente si impugna la absolución dictada por la jueza Hernández o si plantea la nulidad del proceso a partir de las presuntas irregularidades vinculadas con el acceso del público y la prensa.
En caso de avanzar por la vía de la nulidad y de que el planteo sea admitido, el proceso podría quedar sin efecto y debería determinarse la realización de un nuevo debate conforme a las reglas procesales correspondientes.
Por el momento, Berazategui confirmó que ambas alternativas se encuentran bajo análisis: “Eso es lo que estoy evaluando”.
