El enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y las universidades públicas está en escalada, luego del veto presidencial al presupuesto universitario aprobado por el Senado. El presidente Javier Milei anunció que asignaría menos de la mitad de lo solicitado por las universidades en el Presupuesto 2025, lo que desató la reacción de rectores y gremios docentes. Como respuesta, las federaciones que agrupan a docentes y no docentes ya anticipan una nueva marcha para octubre con el fin de revertir esta situación.
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Según el Presupuesto 2025 anunciado por Milei, el gobierno destinará $3,8 billones a las universidades nacionales, una cifra muy por debajo de los $7,2 billones que exige el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Los rectores señalan que este recorte afectará principalmente los salarios de docentes y no docentes, ya que el presupuesto no contempla ajustes por la inflación prevista para 2025.
Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, expresó su preocupación tras analizar los números del presupuesto. «No hay intención de recomponer los salarios docentes y no docentes. La única certeza es que los sueldos en 2025 serán iguales a los de este año, sin tener en cuenta la inflación, estimada en un 18%». Esta situación generó malestar entre las autoridades universitarias, que buscan presionar para que la Cámara de Diputados vuelva a discutir el presupuesto.
El conflicto no es nuevo. Desde el inicio de la gestión libertaria, los gremios universitarios consideraron insuficientes las actualizaciones presupuestarias asignadas por el Gobierno, que fueron del 4% en junio, 9% en mayo, 8% en abril, 12% en marzo y 16% en febrero. Aunque en julio se sumó un aumento del 7%, estas cifras están lejos de cubrir las necesidades de las universidades frente a la inflación creciente.
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Las universidades públicas representan un pilar fundamental en el sistema educativo argentino, y el 85% de su presupuesto se destina a los salarios de docentes, investigadores y personal administrativo. Con la falta de actualización salarial adecuada, los gremios y rectores consideran que la situación es insostenible y que la movilización en octubre es necesaria para revertir el veto y asegurar el futuro de la educación pública.
Fuente: Noticias Argentinas.
Foto: Archivo.
