El conflicto surgió a finales del 2021 cuando el residente de Epuyén contrató a una empresa especializada en construcción de viviendas prefabricadas.
A principios del 2022, abonó el monto total acordado y pactó con la empresa la construcción en un plazo de 120 días hábiles.
A medida que pasaba el tiempo sin ver avances, decidió alquilar temporalmente mientras esperaba la finalización de la obra.
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Frente a la falta de respuesta de la empresa constructora, decidió presentar una denuncia en la Dirección General de Defensa del Consumidor provincial.
El director general de Defensa del Consumidor de la Provincia, Simón García, dictaminó la restitución de la suma de $10.408.795,60 al vecino de Epuyén en base a lo establecido en el Art. 10 inc. C) de la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor.
Asimismo, se acordó una indemnización de $800.000 en concepto de Daño Directo (Art. 40 bis. Ley 24.240), para compensar los gastos de alquiler originados por el incumplimiento de la empresa constructora.
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