La presidenta interina Delcy Rodríguez firmó la norma pocas horas después de su aprobación parlamentaria. El texto prevé revisar expedientes desde 1999 y podría beneficiar a más de 600 detenidos por razones políticas.
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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó el jueves por la noche una ley de amnistía general que habilita la revisión inmediata de causas vinculadas a confrontaciones políticas desde 1999 y abre la posibilidad de liberar a dirigentes opositores, activistas, abogados, periodistas y otros ciudadanos encarcelados por motivos políticos. La norma fue firmada pocas horas después de su sanción por la Asamblea Nacional de Venezuela.
La aprobación representa un giro significativo en la política venezolana, tras años en los que las autoridades negaron la existencia de presos políticos en el país. El cambio se produce semanas después de la captura del exmandatario Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense en Caracas, hecho que precipitó la conformación de un gobierno de transición y una serie de medidas orientadas a revertir decisiones adoptadas en etapas anteriores.
Durante la ceremonia de promulgación, Rodríguez sostuvo que la iniciativa marca “un cambio de actitud” en la dirigencia nacional. “Estamos dejando un poco la intolerancia y abriendo nuevas vías para la política en Venezuela”, afirmó, y calificó la normativa como un paso histórico hacia la pacificación. “Hay que saber pedir y recibir perdón. Esta ley abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre”, agregó.
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El texto concede amnistía plena a ciudadanos investigados o condenados por hechos relacionados con confrontaciones políticas, sociales o institucionales ocurridas desde 1999, incluyendo protestas, manifestaciones y situaciones asociadas a procesos electorales. También contempla casos derivados de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, cuando se registraron detenciones masivas en distintas regiones del país, entre ellas de menores de edad.
No obstante, la ley establece exclusiones explícitas. Quedarán fuera quienes “promuevan, instiguen, financien o participen en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” de Venezuela con apoyo de actores extranjeros. El alcance de estas exclusiones será clave en la implementación práctica de la norma y en la definición de los beneficiarios.
Organizaciones de derechos humanos siguieron de cerca el proceso legislativo. Desde la ONG Foro Penal advirtieron antes del cierre del debate que el Parlamento tenía la oportunidad de demostrar un compromiso real con la reconciliación nacional y reclamaron garantías efectivas para las víctimas de detenciones arbitrarias. Según sus registros, más de 600 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas.
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Tras la captura de Maduro, las nuevas autoridades anunciaron un plan de liberaciones progresivas y confirmaron la excarcelación de 448 detenidos, aunque en su mayoría bajo medidas de libertad condicionada. La promulgación de la ley de amnistía podría acelerar nuevas liberaciones en las próximas semanas, en un escenario de transición política que redefine el tratamiento estatal hacia los detenidos por motivos políticos.
El impacto real de la norma dependerá de la rapidez con la que los órganos judiciales y administrativos ejecuten la revisión de expedientes y apliquen los beneficios previstos. Mientras tanto, familiares de detenidos mantienen la presión pública con protestas y huelgas de hambre para exigir la aplicación inmediata de la amnistía y la liberación definitiva de sus allegados.
Fuente y foto: Infobae
