La Secretaría de Derechos Humanos informó que, a través de este documento, Argentina acepta su «responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la vida, al debido proceso legal, a la protección judicial efectiva y a la integridad personal, en perjuicio de López y de sus hijos».
Este acuerdo fue rubricado por el titular del área, Horacio Pietragalla Corti; los hijos de López, Rubén y Gustavo; sus abogados y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Según se detalla, esta responsabilidad estatal se debe a «la falta de coordinación de medidas para proteger a López como víctima y testigo en un juicio por crímenes de lesa humanidad» y a la «falta de diligencia debida en la investigación de su desaparición y la búsqueda de su paradero».
El 18 de septiembre de 2006, López se dirigió desde su hogar hacia los Tribunales de la ciudad bonaerense de La Plata para asistir a la audiencia de alegatos en la causa contra el genocida Miguel Etchecolatz por delitos de lesa humanidad, pero nunca llegó. Como sobreviviente de la última dictadura cívico-militar, sus testimonios fueron cruciales para la reconstrucción de los sitios que actuaron como centros clandestinos de detención en la capital provincial de Buenos Aires.
El acuerdo también subraya «la impunidad que prevalece sobre lo sucedido y sus posibles responsables, así como las heridas a la integridad personal que todo esto ha significado para sus hijos». Según Pietragalla, este acuerdo representa «una deuda que tenemos con la familia de Jorge Julio López y con lo que Julio aportó a la construcción de la democracia». Añadió que él fue un ejemplo del coraje que tuvieron y tienen los testigos en los procesos judiciales contra los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el país.
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Como parte del acuerdo, Argentina se compromete a llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad, a difundir el acuerdo en periódicos de amplia circulación y a continuar promoviendo políticas públicas para apoyar y asistir a víctimas y testigos en investigaciones y juicios relacionados con crímenes de lesa humanidad.
La Secretaría de Derechos Humanos también deberá elaborar un informe exhaustivo que detalle el proceso de búsqueda de López desde su desaparición hasta el presente.
Además, el acuerdo incluye la promoción de una «Ley Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en democracia» por el Congreso de la Nación, que adopte los «Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas».
Fuente Télam.
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