El Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín impuso penas de hasta 17 años de prisión a integrantes de una organización que fraguaba procedimientos, extorsionaba a acusados y se apropiaba de droga para su comercialización.
Tras casi dos años de juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín condenó a 25 personas por una serie de maniobras vinculadas con corrupción policial, extorsiones y narcotráfico. Entre los sentenciados hay 19 expolicías bonaerenses que prestaban funciones en distintas delegaciones antidrogas del conurbano, además de dos abogados y cuatro civiles.
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La pena más alta fue para el excomisario Roberto Adrián Okurzaty, quien recibió 17 años de prisión por su participación en distintos hechos de falsificación de documentos, extorsiones y asociación ilícita. Otros exintegrantes de la Policía bonaerense fueron condenados a penas de entre 8 y 14 años, mientras que también se dictaron sentencias de cumplimiento condicional para algunos acusados.
Uno de los episodios centrales del expediente fue el denominado caso “Leones blancos”, ocurrido en diciembre de 2013 en una quinta de Moreno. Allí se realizó un procedimiento policial que, según se determinó durante la investigación, había sido armado mediante actuaciones falsas. El operativo derivó en el supuesto secuestro de casi media tonelada de cocaína, pero posteriormente se estableció que más de 480 kilos habían sido apropiados por integrantes de la organización para volver a introducirlos en el circuito ilegal.
La investigación también abordó los casos conocidos como “Bustamante”, “Acosta”, “Basaldúa” y “Santellán”, en los que se acreditaron maniobras de extorsión, cobro de dinero para evitar investigaciones y falsificación de actuaciones judiciales. En varios de estos hechos estuvieron involucrados integrantes de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Isidro y de otras dependencias policiales.
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Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que no se trataba de hechos aislados ni de simples episodios de corrupción individual, sino de un mecanismo organizado que se habría sostenido durante años. El fiscal general Marcelo García Berro, junto con los auxiliares fiscales Guillermo Silva y Mercedes Soiza Reilly, señaló que integrantes de las fuerzas encargadas de combatir el narcotráfico utilizaban recursos estatales para intervenir en el propio mercado ilegal, seleccionar a quién perseguir y obtener beneficios económicos.
Entre las condenas también se encuentran las de los abogados Francisco José García Maañón y Matías José Pedersoli, quienes recibieron penas de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer la profesión. El tribunal, además, absolvió a seis de las personas que llegaron a juicio. Los fundamentos completos de las sentencias serán conocidos el próximo 7 de octubre.
La fiscalía también pidió que se investigue la posible participación de otros funcionarios que no fueron juzgados en este proceso. En ese marco, el tribunal ordenó remitir constancias a la etapa de instrucción para profundizar las actuaciones relacionadas con el exfiscal provincial Claudio Scapolan y otros posibles responsables. El veredicto también será comunicado a organismos de seguridad y del Ministerio Público para que evalúen medidas destinadas a evitar que este tipo de maniobras vuelvan a repetirse.
