Un caso de corrupción, que lleva 4 años, sigue demorado por presentaciones judiciales. Aún no tiene fecha de inicio el debate oral y público. El dispendio judicial que se genera y el perjuicio real a los testigos, impactan de lleno en la resolución de la causa.
Después de cuatro años de investigación, el caso conocido como ‘Ñoquis Calientes’, que implica a C.T.O y otros por fraude a la administración pública, aún no ha llegado a la etapa del debate oral y público.
La solicitud del defensor, Francisco Miguel Romero, para aplicar la ‘suspensión de juicio a prueba’ en favor de los acusados, fue rechazada por la jueza Ivana Gonzales debido a que los acusados eran funcionarios públicos en el momento de los hechos, lo cual legalmente impide el beneficio.
Esta decisión llevó a los defensores a presentar un recurso de impugnación, lo que resultó en la suspensión del juicio oral y público programado para el 22 de abril, a la espera de la resolución de la cámara de impugnación.
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La solicitud de suspensión del juicio a prueba se presentó apenas días antes del inicio del debate, aprovechando el artículo 49 del CPP, que permite esta solicitud hasta el comienzo del juicio.
La demora en este caso ha generado un desgaste tanto en la organización del sistema judicial como en los testigos y víctimas del delito, quienes deben ajustar sus vidas y responsabilidades en función de las fechas del juicio.
La reforma del Código Procesal Penal busca modificar el artículo 49 para establecer como límite máximo para solicitar la suspensión del juicio a prueba la audiencia preliminar, evitando así obstáculos que puedan retrasar el inicio del juicio una vez fijada la fecha.
Fuente: MPF.
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