La causa se resolvió en un “juicio abreviado”. El dueño de una empresa dedicada a la venta de máquinas agrícolas se declaró responsable de haber estafado al disuelto CORFO Chubut y aceptó una pena de dos años de prisión en suspenso, además de hacerse cargo de las costas del proceso judicial.
Por su parte al coimputado, hijo del sujeto, se le concedió la Suspensión del Juicio a Prueba (Probation), por dos años, habiendo ofrecido un monto en concepto de reparación del daño causado y asumiendo la obligación de cumplir tareas comunitarias.
Los sujetos son Gustavo Fernández y su hijo Guillermo Saravia Fernández, dueño y apoderado respectivamente de la firma SARFE S.R.L de General Roca, en la vecina provincia de Río Negro.
En julio de 2015 le habían vendido a CORFO Chubut una máquina cosechadora de papas que resultó ser de menor calidad a la pautada y abonada por ese organismo provincial.
Engañaron a quien recibió la máquina con el cambio de los stikers adhesivos y ambos fueron imputados del delito de “fraude en perjuicio de la administración pública provincial”.
Para no ir a juicio oral y público con una pena posible de 2 a 6 años de prisión, el dueño de la empresa reconoció el hecho tal como fue sostenido por el Ministerio Público Fiscal.
Por ello, si el acuerdo es homologado, a partir de una sentencia que se conocerá el próximo viernes, Gustavo Fernández deberá cumplir una pena de 2 años de prisión en suspenso, además de hacerse cargo de las costas del proceso y del cumplimiento de las reglas de conducta que le imponga el tribunal.
Por su parte, su hijo y apoderado de la firma, Guillermo Saravia Fernández, ofreció pagar 10 mil pesos, monto que deberá ser aceptado por CORFO (organismo que ya no existe), en el marco de la “Probation” a la que accedió por dos años. Además, deberá realizar 30 horas de trabajo comunitario, desmalezando y cosecha de fruta, entre otras tareas agrícolas, en beneficio de una escuela técnica de esa ciudad rionegrina.
La audiencia en la que se fijaron estas pautas que quedarán plasmadas en la sentencia que las partes conocerán el próximo viernes por parte del juez de garantías Gustavo Castro.
Finalmente, vale recordar que la causa comenzó a partir de una denuncia del ex titular de CORFO, Sixto Bermejo, que denunció en su momento que el organismo había recibido una cosechadora, por la que el Estado provincial pagó 397.000, pesos en julio de 2015.
La cosechadora arribó al taller de CORFO de Gaiman a bordo de un camión, en de noviembre de ese año.
El jefe de la dependencia, Javier Pascual, firmó el remito correspondiente, pero posteriormente se comprobó que la máquina era de una marca distinta a la adquirida.
La empresa que resultara adjudicataria de la licitación había enviado una cosechadora con las mismas características técnicas, pero no de la marca estipulada y de menor calidad a la pautada en el contrato de adquisición entre CORFO y la empresa SARFE S.R.
La marca de la cosechadora pautada era “Procemaq”. Además, luego de recibida se constató que la cosechadora que había llegado era de la marca “Lochel”, a la que se le habían colocado stikers en ambos laterales con la inscripción “Procemaq ST 1800”.
Esta disimulación fue lo que indujo en error al empleado que la recibió.
Durante la investigación el dueño de la empresa dijo que la máquina entregada no solo cumplía con los requisitos y características en la licitación, sino que además era de mejor calidad. La investigación que realizó la Fiscalía de Rawson demostró lo contrario.
Fuente: Ministerio Público Fiscal
