El Gobierno de Javier Milei reactivó la compra de tres submarinos clase Scorpène y cuatro lanchas OPV por un monto cercano a los u$s2.000 millones a la empresa francesa Naval Group, un astillero con un extenso historial de denuncias internacionales por sobornos y corrupción en operaciones de venta de armamento desde la década del noventa. La decisión política fue ratificada por el propio Presidente ante la prensa extranjera, tras un acuerdo alcanzado con su par francés Emmanuel Macron.
Las negociaciones originales se remontan a fines de 2024, cuando Milei y Macron mantuvieron un encuentro bilateral en el que se avanzó en la operación. En ese entonces, el proceso quedó virtualmente congelado por la fragilidad financiera de la Argentina. Sin embargo, en las últimas semanas, la Casa Rosada volvió a poner el tema en agenda, pese a que la fuerza submarina argentina permanece inactiva desde el hundimiento del ARA San Juan en noviembre de 2017.
Naval Group —ex DCNS— es una empresa de capitales privados con participación mayoritaria del Estado francés, que acumula denuncias por corrupción en Pakistán, Malasia, India y Brasil. En 2017, el astillero encabezó el Ranking de Corrupción Militar elaborado por el Compendium of Arms Trade Corruption de la Fletcher School de la Universidad de Tufts, en un informe realizado para la World Peace Foundation.
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Las investigaciones históricas indican que ya en 1994, durante la venta de tres submarinos a Pakistán, DCNS habría pagado 51 millones de euros en sobornos a funcionarios políticos. Parte de esos fondos, según la Justicia francesa, habrían sido canalizados a través de intermediarios hacia la campaña presidencial de Édouard Balladur en 1995. Hasta la adhesión de Francia a la Convención Anticorrupción de la OCDE en 1999, este tipo de pagos eran legales y deducibles de impuestos.
El especialista Jean Guisnel documentó que entre 1991 y 2002 el astillero destinó entre el 8% y el 10% del valor de sus ventas a los llamados “gastos comerciales excepcionales”, utilizados como mecanismo para el pago de comisiones ilegales. Durante un allanamiento judicial en 2008, se halló un cuaderno de un exdirector financiero de DCNS que detallaba con precisión los esquemas de sobornos utilizados en operaciones internacionales.
En el siglo XXI, uno de los casos más resonantes fue la venta de submarinos a Malasia en 2002. En 2024, la Fiscalía Nacional Financiera de Francia pidió llevar a juicio a Thales, DCNI, exejecutivos y un intermediario por presuntos sobornos al entonces ministro de Defensa Najib Razak. Según la acusación, se utilizaron empresas fantasma para simular servicios de consultoría y encubrir pagos ilegales.
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En paralelo, Naval Group también quedó envuelta en el Lava Jato brasileño. Fiscales franceses investigaron si el astillero pagó sobornos para asegurar un contrato de cinco submarinos valuado en u$s7.500 millones firmado con Brasil en 2008. La causa se enmarcó en el esquema de corrupción de funcionarios extranjeros que sacudió a la política regional.
En Argentina, la operatoria guarda vínculos directos con la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. Durante su mandato, se avanzó en contrataciones directas para la compra de lanchas OPV, algunas de ellas cuestionadas por la Auditoría General de la Nación. Un informe de noviembre de 2024 detectó sobreprecios de hasta 138% y graves irregularidades en los procedimientos de adquisición.
La AGN concluyó que las compras realizadas se apartaron de la normativa vigente, carecieron de transparencia y no permitieron evaluar la razonabilidad del gasto público. Además, el ingeniero naval Raúl Podetti presentó una denuncia penal en la que sostuvo que las licitaciones habrían sido direccionadas a favor de Naval Group, que trabajaría junto al astillero marplatense SPI, cuya capacidad técnica para desarrollar los proyectos fue puesta en duda por especialistas del sector.
Fuente: Ámbito Financiero.
