El Senado aprobó hoy, y convirtió en Ley, el proyecto que modifica el Régimen Federal de Pesca para actualizar los montos de las sanciones y las multas, con el voto del Frente de Todos y ante la ausencia de la oposición que se desconectó de la videoconferencia en desacuerdo con la prórroga de las sesiones remotas decidida por el oficialismo.
El proyecto incorpora un artículo para establecer que las multas serán calculadas en unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil de más alta denominación que se venda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, se dispone que el Gobierno determinará el valor en moneda de curso legal de las UP semestralmente, sobre la base del precio de venta final al público del gasoil grado dos o el que eventualmente lo sustituya, de acuerdo con la información de la Secretaría de Energía, o la autoridad que la reemplace, considerando el de mayor valor registrado en las bocas de expendio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El proyecto también remarca que las UP se convertirán en moneda de curso legal al momento en que el presunto infractor se allane a la imputación efectuada o al momento del pago total de la multa impuesta por resolución firme.
También se establece que la multa mínima será de 1000 UP y la máxima de 300.000 UP; y que cuando la infracción sea la de pescar sin autorización de captura, carecer de una cuota individual de captura o pescar en zona de veda, la sanción mínima no podrá ser inferior a 3000 UP.
Asimismo, se añade que cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin permiso, la multa mínima no podrá ser inferior a 500.000 UP y la máxima de 3.000.000 UP.
Además, se modifica el artículo 54 de la Ley original para agregarle que tratándose de embarcaciones extranjeras, los gastos en los que incurran los organismos actuantes en la órbita del Sector Público Nacional como consecuencia de la comisión de infracciones a la mencionada ley correrán por cuenta de su propietario.
Finalmente, se sustituye la denominación “Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura” por la de “Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera”.
“Este es un tema de enorme trascendencia. Tiene que ver con la soberanía, con la defensa de la Constitución, con la enorme trascendencia que tiene la pesca en el sistema productivo de la Argentina”, afirmó el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado, el oficialista puntano Adolfo Rodríguez Saá.
El legislador agregó que “la pesca ilegal significan entre mil y dos mil millones de dólares anuales de pérdida para la Argentina” y que “tiene más significación que la exportación de carne de vaca”.
“Estamos defendiendo la soberanía argentina sobre nuestras aguas jurisdiccionales. Se trata de una cuestión de Estado”, sentenció.
El senador bonaerense Jorge Taiana remarcó que “el Atlántico Sur es el último caladero y con pesca masiva del mundo” y que “por eso vienen a pescar acá”.
“Los buques extranjeros tienen el apoyo ilegítimo e ilegal de las autoridades británicas que usurpan territorio argentino en las Islas Malvinas”, sentenció.
