Este miércoles en Esquel se realizó una manifestación frente a los Tribunales por parte de pobladores y comunidades en apoyo a la Lof Catriman-Colihueque por un conflicto de tierras con un grupo de personas, entre ellas el ex procurador Eduardo Samamé.
Desde la comunidad originaria, Gloria Colihueque repasó que la situación data de abril del año pasado cuando estas personas “fueron a querer desalojar a mi madre. Fueron con gente y a toda costa quisieron hacerle firmar un papel. Se aprovecharon que estaba sola y es mayor, fueron a alterarla”.
“Ella no firmó porque no sabía qué era”, remarcó la mujer quien precisó que estas personas incluso “para entrar cortaron el candado, lo cambiaron y dejaron encerrada a mi madre y sin poder acercarme”. Reveló en este sentido, que cuando fue a denunciar esto “no me quisieron tomar la denuncia”, ni en Esquel ni en Trevelin.
El campo en cuestión se ubica en la zona de Laguna Larga, en jurisdicción de Provincia pero en el ejido de Esquel.
Gloria repasó que estas personas “dicen ser dueñas, supuestamente a través de una compra, pero fueron a hostigar a mi madre. Ellos (el ex Procurador y un empresario) en los papeles no figuran, dicen ser dueños pero los compradores que figuran son empresarios de Buenos Aires”.
En referencia a la audiencia, que se da en el fuero civil, la abogada de la Lof, Sonia Ivanoff, explicó a Radio 3 que la causa se inició para “retener posesión ya que en plena pandemia, estas personas ingresaron al predio para ocupar la posición que desde hace más de 20 años ejerce la Lof Catriman-Colihueque”.
La letrada subrayó que se ha avanzado en la vía más expedita para “proteger la posesión que tiene la familia”, apuntando que en la audiencia “reconstruir la historia es muy doloroso”.
Repasó cómo fue el proceso de instalación allí de la familia y advirtió que lo actuado, y que argumenta este grupo de personas para defender su presunta titularidad, está por fuera de lo normado.
“El IAC no reconoce la ocupación indígena y eso es inconstitucional. En Chubut, la Ley de Tierras claramente dice que cuando una de las partes es familia, aborigen o comunidad, se debe estar sometido a dictamen de una Comisión que hace 14 años que no funciona”, precisó.
Es por ello que “toda decisión, adjudicación o actos administrativos, que incumplan con este derecho, son pasibles de ser atacados nulidad absoluta”.
Por último, Mauro Millán, cuestionó al “aparato judicial -en el que– hay varios personajes actuando en desmedro de nuestro pueblo, como el ex procurador Samamé, vinculado a esta causa; o empresarios como Cerra”.
En sintonía con lo expuesto por la doctora Ivanoff, apuntó que “estos empresarios y políticos se hicieron de documentación de manera sistemática con la complicidad del IAC y de jueces racistas y supremacistas”.
Incluso, de abril del 2020 para acá “metieron animales y patotas, hay una violencia permanente sobre este pequeño Lof y la Justicia no escucha las denuncias de la comunidad”.
