La Fiscalía de Esquel, pide la apertura del juicio contra los dueños de Disser S.A.S., acusados de estafar a decenas de clientes y empleados. El perjuicio económico asciende a 241.000 dólares.
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La fiscal María Bottini y el funcionario Julián Forti han solicitado formalmente la apertura del juicio contra los propietarios de Disser S.A.S., una empresa acusada de realizar ventas fraudulentas de aberturas en las localidades de Bariloche y Tres Arroyos. El caso, que ha generado gran interés en la comunidad, se inició tras numerosas denuncias de damnificados que aseguran haber sido engañados por la empresa.
El pasado viernes, previo a la audiencia preliminar, la defensa de los imputados solicitó la Suspensión de Juicio a Prueba. Sin embargo, la Fiscalía fundamentó su rechazo a esta solicitud y el juez Jorge Novarino decidió no hacer lugar al pedido. Ante esta situación, el abogado defensor Daniel Sandoval ha presentado un recurso a la Cámara Penal, cuya resolución se espera para continuar con el proceso judicial.
Disser S.A.S. se presentaba como una empresa solvente y seria, recomendada por profesionales de la zona y por otros clientes satisfechos. Sin embargo, según la investigación, los imputados operaban con un «modus operandi» consistente en recibir dinero a cambio de ventas de aberturas que nunca entregaban. Este patrón delictivo se repitió en al menos 24 casos documentados, afectando a clientes y empleados por igual.
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El perjuicio económico total ha sido cuantificado en 241.000 dólares, según una pericia contable realizada por la contadora Karlem del Equipo Técnico Multidisciplinario (ETM). La fiscal Bottini sostiene que los imputados se enriquecieron de manera injustificada a expensas de personas que confiaron en los servicios de Disser S.A.S.
La investigación también reveló que los imputados, luego de recibir el dinero, dejaban de responder a los reclamos y abandonaban la ciudad sin dejar rastro. Gracias a un trabajo conjunto entre la Brigada de Investigaciones local y la de la provincia de Buenos Aires, se logró ubicar a los responsables.
Además, se pudo comprobar que, incluso mientras recibían reclamos de clientes insatisfechos, los imputados seguían tomando nuevos pedidos, a sabiendas de que no podrían cumplir con ellos. Ni siquiera utilizaban el dinero de los nuevos clientes para resolver los incumplimientos anteriores, agravando así su conducta delictiva.
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La comunidad ahora espera la decisión de la Cámara Penal para avanzar en el proceso judicial y buscar justicia para todas las víctimas afectadas por estas estafas.
Fuente: MPF
