La mesa chica de la central obrera definió presentar un recurso de inconstitucionalidad si el Senado aprueba la ley. No habrá paro general, pero sí movilización a Plaza Lavalle y protestas de gremios combativos en el Congreso.
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La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió avanzar por la vía judicial contra la reforma laboral en caso de que el Senado la convierta en ley. Además, confirmó una movilización para el lunes a los Tribunales de Plaza Lavalle, como parte de su estrategia para cuestionar el proyecto que impulsa el Gobierno.
Al término de la reunión, Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la central, explicó que la decisión es “sustentar el análisis legal” y presentar una acción judicial respecto de los puntos que consideran inconstitucionales.
Pese a los reclamos de los sectores más duros, la CGT descartó convocar a un nuevo paro general. La evaluación interna es que una huelga en la antesala de la votación tendría escaso impacto en el resultado legislativo y podría implicar un alto costo político.
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En cambio, la central obrera concentrará su estrategia en un recurso de inconstitucionalidad que será presentado si la ley es sancionada. El planteo buscará cuestionar artículos que, según sostienen, vulneran derechos consagrados en la Constitución Nacional, en especial el principio de protección del trabajador establecido en el artículo 14 bis y la no regresividad de los derechos sociales.
Sola indicó que la reforma afecta tanto derechos individuales como colectivos y altera aspectos vinculados con la representación gremial.
Mientras la CGT optó por evitar el paro, los gremios más combativos avanzarán con una movilización al Congreso el día de la sesión en el Senado. Entre ellos se encuentra el espacio del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que presionó por una postura más confrontativa.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya anticipó que podría adoptar medidas propias, aunque no se convocó a una huelga nacional. Esta diferencia marca una distancia táctica, pero sin ruptura formal dentro del movimiento sindical.
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La CGT apunta especialmente a los cambios vinculados con el derecho de huelga, la ampliación del período de prueba y la posibilidad de modificar esquemas indemnizatorios mediante convenios colectivos. También cuestiona la redefinición de conceptos salariales que podrían incidir en el cálculo de indemnizaciones.
En la conducción cegetista reconocen que la eventual intervención judicial podría no frenar la ley en su totalidad y que muchos planteos deberán resolverse caso por caso. Sin embargo, consideran que la judicialización es la única herramienta institucional disponible una vez agotada la instancia parlamentaria.
Además, desde la central anticiparon que, si la reforma es aprobada, buscarán visibilizar el posicionamiento de los senadores que acompañen el proyecto, en especial aquellos vinculados al peronismo.
Con este escenario, la CGT redefine su plan de acción frente a la reforma laboral: sin paro general, pero con movilización y una apuesta central en los tribunales para frenar lo que considera un retroceso en derechos laborales.
Fuente: TN
Foto: Archivo
