La empresa solicitó su quiebra directa al declarar cesación de pagos “irreversible”. Fracasó un plan para sumar un socio internacional y el juzgado rechazó una propuesta de continuidad productiva.
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Aires del Sur (ADS), fabricante y comercializadora de equipos de aire acondicionado bajo las marcas Electra y Fedders, pidió su quiebra directa ante la Justicia al declarar un estado de cesación de pagos “actual, generalizado e irreversible”. La presentación fue firmada por su presidente, Roberto Ángel Ceretti, quien asumió el control en noviembre de 2025.
En el escrito judicial, la compañía sostuvo que su crisis es “estructural” y que el plan de continuidad productiva fracasó de forma definitiva. La planta de Río Grande, en Tierra del Fuego, despidió a 140 trabajadores en medio de reclamos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) por salarios adeudados y definiciones sobre la continuidad operativa.
La actual administración afirmó haber recibido en noviembre una estructura “profundamente deteriorada”, basada en un esquema de preventa, descuento de cheques y compra de insumos importados. Según detalló, el costo financiero anual del sistema —entre 25% y 30%— superaba el margen operativo del negocio, estimado entre 10% y 15% neto después de impuestos, generando pérdidas acumuladas.
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Hasta el año pasado, la firma habría estado en manos de Juan Pablo Guaita y Juan Ignacio Guaita, según fuentes del mercado. La nueva conducción rechazó versiones sobre una quiebra intencional y apuntó al deterioro de las condiciones del mercado desde fines de 2023.
Como parte del plan de saneamiento, ADS negoció desde noviembre con Chigo Group para incorporar un socio estratégico. Las alternativas incluían la venta total de la empresa o la cesión del 80% o 50% del paquete accionario, con una inversión mínima prevista de USD 5 millones para acciones y capital de trabajo.
El esquema contemplaba reemplazar la autofinanciación local por crédito de proveedor a 150 días y el envío de entre 7.000 y 14.000 kits mensuales desde China para reactivar la planta en 2026. Sin embargo, el grupo asiático condicionó cualquier definición a una visita técnica y evaluaciones posteriores, lo que —según ADS— resultó incompatible con la urgencia financiera.
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En paralelo, la compañía presentó un Plan de Continuidad Productiva Controlada para terminar 4.000 kits ya importados y destinar el producido al pago de un proveedor (USD 500.000), salarios adeudados y un fondo indemnizatorio. El 19 de febrero, el juzgado desestimó la autorización solicitada.
La empresa puso a disposición del proceso sus principales activos: la planta industrial en Tierra del Fuego —tasada por el Banco Nación en más de USD 15 millones al tipo de cambio oficial vigente al momento de la valuación— y los 4.000 kits arribados al Puerto de Buenos Aires, cuyo valor potencial como equipos terminados rondaría los USD 2 millones. Según ADS, esos activos superarían el pasivo total, incluidos los créditos laborales.
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La quiebra se produce en un contexto de apertura comercial, menor competitividad local y altos costos financieros que ya impactaron en otras manufactureras. El caso reaviva el debate sobre el régimen industrial de Tierra del Fuego y el efecto de la reducción de aranceles sobre la producción electrónica y de línea blanca.
Con la alternativa asociativa caída y sin autorización judicial para continuar produciendo bajo fiscalización, el directorio sostuvo que la quiebra es “el único curso legalmente responsable” para preservar el valor de los activos y proteger a la masa de acreedores.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
