La Justicia desestimó el pedido de nulidad impulsado por el intendente de Gaiman y ratificó la suspensión de juicio a prueba otorgada al imputado. También confirmó el pago millonario que deberá realizar al Hogar Pedro Déttori.
El juez Fabio Monti rechazó el pedido de nulidad presentado por el intendente de Gaiman, Darío James, contra la resolución que otorgó la suspensión de juicio a prueba a Diego Soto Payva en la causa vinculada a certificaciones falsas para licencias de conducir. La decisión judicial fue notificada este miércoles a todas las partes intervinientes.
El planteo había sido promovido por el jefe comunal junto al abogado Víctor Bezunartea, quienes cuestionaron la audiencia realizada el pasado 4 de mayo, en la que se aprobó la probation para el imputado. Posteriormente, el 20 de mayo, se desarrolló una nueva audiencia con participación de la fiscalía, la defensa y representantes del municipio para debatir la validez de aquella resolución.
En su fallo, Monti sostuvo que la Municipalidad de Gaiman no acreditó durante la etapa preparatoria un “interés especial” que le permitiera ser reconocida formalmente como víctima dentro del proceso penal. El magistrado recordó que la investigación fue abierta en marzo de 2025 y que, durante más de un año, el municipio no solicitó intervenir bajo esa figura ni pidió ejercer los derechos previstos por el Código Procesal Penal.
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El juez también indicó que el municipio no logró demostrar un perjuicio económico concreto derivado de las maniobras investigadas. Además, consideró que la comuna carecía de legitimación para cuestionar la calificación legal elegida por el Ministerio Público Fiscal, ya que nunca se constituyó como querellante autónomo en la causa.
Otro de los puntos abordados en la resolución estuvo relacionado con sospechas planteadas por el municipio respecto de un eventual vínculo entre el imputado y directivos de la institución beneficiaria de la reparación económica acordada en la probation. Sobre ese aspecto, Monti afirmó que la situación quedó descartada tras la declaración brindada por la directora del Hogar Pedro Déttori.
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Con la resolución, quedó firme la suspensión de juicio a prueba para Soto Payva. El imputado deberá entregar 5.495.000 pesos al Hogar Pedro Déttori mediante un esquema de seis pagos consecutivos, que comenzará en junio. También tendrá que cumplir reglas de conducta y presentarse periódicamente ante la Oficina Judicial para registrar firma durante un año.
La investigación está vinculada a presuntas maniobras de falsificación documental relacionadas con certificados utilizados para obtener licencias de conducir. La causa fue encuadrada bajo los delitos de falsedad ideológica de instrumento público y falsedad material de instrumento privado en modalidad continuada.
Con información del MPF.
