El Ministerio del Interior de Nicaragua ordenó este martes la cancelación de otras nueve asociaciones, la mitad de ellas religiosas, y una universidad, por lo que ya son 57 los organismos que el Gobierno de Daniel Ortega cerró en lo que va de año.
Las nueve asociaciones «no reportaron por periodos de entre dos hasta 26 años sus estados financieros», con «desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación» o «detalles de donaciones», según publicó el diario oficial La Gaceta y consignó la agencia de noticias Europa Press.
En concreto, entre las organizaciones canceladas se encuentran la Fundación Cristiana Renúevame Señor; la Asociación Iglesia El Nuevo Remanente; la Asociación Máter Purissima Nicaragüense Año 2000, así como la asociación Iglesias Solo Jesucristo Salva Hechos 4:12.
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Asimismo, en la lista también están la Asociación Cámara Forestal de Nicaragua (CFN); la Asociación de industriales Exportadores de Nicaragua (ANIEX); la Asociación Instituto Nicaragüense de Estudios Humanísticos (INEH); la Fundación Aguas Bravas Nicaragua y la Cámara Red Local del Pacto Global.
Por otro lado, el Ministerio del Interior informó de la cancelación de la Asociación Universidad de Administración, Comercio y Aduana María Guerrero (Unacad) por «disolución voluntaria» debido a que «los bajos ingresos» le impidieron «cumplir con el programa de inversiones».
«El Consejo Nacional de Universidades (CNU) procederá a reubicar a los estudiantes en las universidades donde correspondan», reza el decreto, que obliga a los directivos de la institución a entregar expedientes, títulos, carreras, planes de estudio y bases de datos de las matrículas, entre otras cuestiones.
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En los últimos tres años, el Gobierno canceló al menos 30 casas de altos estudios, entre ellas la Universidad Centroamericana (UCA), uno de los focos de los manifestantes opositores desde el estallido de las protestas en 2018, cuando murieron alrededor de 350 personas, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La UCA fue intervenida después de que el Gobierno describiera a la institución como un «centro de terroristas» en el marco de las acusaciones contra la Iglesia católica, a la que señalaron por instigar las manifestaciones antigubernamentales.
El gobierno de Ortega cerró unas 3.500 ONGs nacionales e internacionales, desde 2018, así como medios de comunicación y organizaciones religiosas y privó de nacionalidad a disidentes, expulsó del país a embajadores.
Recientemente, informó que un total de 19 religiosos, incluido el obispo Rolando Álvarez -condenado a 26 años de prisión por supuestos delitos de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones y desacato- fueron excarcelados y desterrados del país.
Fuente: Télam
