Montesinos, recluido actualmente en la Base Naval del Callao, uno de los principales centros de detención del país sudamericano, fue condenado por los delitos de homicidio calificado y desaparición forzada.
La Fiscalía había pedido para Montesinos 25 años de cárcel por el asesinato de enero de 1992 en la provincia de Pativilca de seis campesinos a los que hicieron pasar por guerrilleros de Sendero Luminoso.
Pero su defensa, en base a la legislación peruana, ha pedido que esta última pena se tenga ya por cumplida debido al tiempo que ya ha permanecido en prisión desde que en 2001 fuera condenado a 25 años por las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, una figura legal con la que ya ha evitado en otras ocasiones prolongar su estado en prisión y que permitiría su salida en junio de 2026.
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Las víctimas fueron ejecutadas por el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte que operó durante los dos primeros años del mandato del recientemente excarcelado Alberto Fujimori quien, a diferencia de Montesinos, ha optado por mantener su inocencia y proseguir con la causa judicial.
El Grupo Colina ha sido señalado por varios crímenes de lesa humanidad durante la primera parte de la década de los 90 entre los cuales están las ya citadas masacres de La Cantuta y Barrios Altos, por las que Fujimori fue condenado a 20 de prisión, si bien pudo salir gracias a un controvertido indulto humanitario.
La Fiscalía pidió que todos los implicados en este caso, entre los que están Fujimori, Montesinos y otras 21 personas, sean condenados a 25 años de prisión.
Mientras los demás procesados no aceptaron acogerse a la figura jurídica de la “conclusión anticipada”, por lo cual seguirán siendo enjuiciados, Montesinos también deberá pagar, de manera solidaria, 500.000 soles (131.000 dólares) a favor de cada uno de los herederos legales del caso Pativilca y 50.000 soles a los del caso La Cantuta.
Fuente: Télam
