El Gobierno nacional evalúa postergar el tratamiento de la reforma del Código Penal para las sesiones ordinarias del Congreso, con el objetivo de concentrar los esfuerzos políticos y legislativos en la aprobación de la reforma laboral durante el período de extraordinarias previsto para febrero.
Según fuentes del oficialismo, la definición aún depende del presidente Javier Milei, aunque dentro del espacio libertario crece la postura de priorizar el debate sobre el régimen laboral, considerado uno de los pilares de la segunda etapa de la gestión. La intención es evitar dispersar negociaciones en un temario legislativo que ya se presenta cargado.
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“Es probable que se postergue el tratamiento. La lógica es la misma que aplicamos en diciembre: enfocar energías en un proyecto central”, señalaron desde el Ejecutivo. En ese sentido, recuerdan que el Gobierno ya había diferido la reforma laboral a fines de 2025 para facilitar acuerdos que permitieran aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.
La mesa política del oficialismo, que volverá a reunirse esta semana por primera vez en 2026, buscará unificar una estrategia orientada a conseguir los votos necesarios para avanzar con la reforma laboral, que ya cuenta con dictamen y podría llegar al recinto del Senado el próximo mes.
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En el Gobierno sostienen que el proyecto de reforma del Código Penal, que propone un endurecimiento de penas para delitos graves y fue elaborado por la mesa judicial encabezada por el asesor presidencial Santiago Caputo y el viceministro de Justicia Sebastián Amerio, requiere un tratamiento más profundo y un debate legislativo “bien trabajado”, lo que justificaría su envío a partir del 1° de marzo.
Además, remarcan que el temario de las sesiones extraordinarias ya resulta extenso y que sumar una reforma estructural adicional podría dificultar el avance de las iniciativas prioritarias. Por el momento, el proyecto penal no fue remitido al Congreso y los legisladores aún no accedieron a su contenido final.
Fuente: Infobae.
