La intervención normalizadora en el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) de Chubut revela un preocupante panorama de irregularidades administrativas. El interventor Rodrigo San Martín advierte sobre malversación de fondos y compromisos legales para los responsables.
San Martín, designado por el Gobernador Ignacio «Nacho» Torres, afirma que la auditoría en curso seguirá descubriendo más irregularidades en los próximos días. Destaca la necesidad de que los responsables rindan cuentas ante la justicia por la compleja situación del Instituto.
En el marco de incumplimientos normativos, mencionó que «con el depósito de los 7.500 millones de pesos en el Banco Galicia: un depósito que jamás se tendría que haber hecho, porque el sistema provisional arrastra un déficit hace mucho tiempo, y que encima se realizó en una entidad privada y no en el Banco del Chubut, tal y como lo establece la ley”, aseguró.
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También detalla una serie de irregularidades personal del Instituto que cobraba verdaderos sobresueldos a través de las horas extras, sin ningún tipo de justificación que lo ameritara, habiéndose pagado más de 40 millones de pesos en horas extras en los últimos seis meses; diferencias de más de un millón de pesos en los pedidos de cotización» Además de compras excesivas como colchones sommiers, compra de dos alfombras de un metro valuadas en 900 mil pesos e incluso el ingreso a planta permanente de la hija del anterior presidente, asignándole un cargo en una agencia como la de Rada Tilly.
Además, remarcó el control del gasto, como por ejemplo el traslado no justificados de los aviones sanitarios, las sobrecompras como «la supuesta» adquisición de 990 kilos de pegamentos para cambiar los suelos de la agencia de Gobernador Costa, cuando solo se necesitaban 50 kilos.
En tal sentido, agregó también que “Prior ha salido a decir públicamente que él jamás recibió un peso por el ‘autoalquiler’ de la sede de ISSyS en Comodoro Rivadavia, pero a su local sindical el Instituto le hizo reformas edilicias y le entregó aires acondicionados entre otras cosas, con el dinero de los jubilados”.
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“Eso no sólo es un alquiler implícito, si no que también es un delito, porque erogaron fondos de los afiliados para reformar un local sindical ajeno al Instituto”, detalló San Martín, afirmando también que “si hay justicia en esta provincia, Prior tiene que terminar preso”.
Finalmente el interventor señaló que “toda nuestra línea de trabajo está centrada en lo que marca el gobernador Torres sobre la necesidad de cuidar cada peso de los jubilados, que es justamente lo que no hicieron las autoridades de la gestión anterior del Instituto”.
