El Senado provincial aprobó un proyecto de ley que prohíbe la actividad de cuidacoches y limpiavidrios. La iniciativa busca reforzar la seguridad y el orden en el espacio público, mientras crece el conflicto con sectores que reclaman su reconocimiento laboral.
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La provincia de Santa Fe dio un paso clave hacia la eliminación definitiva de la actividad de cuidacoches, limpiavidrios y “trapitos”, luego de que el Senado aprobara un proyecto de ley que establece su prohibición en todo el territorio. La iniciativa ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados en la sesión prevista para el 9 de abril.
El nuevo marco normativo incorpora esta actividad al Código de Faltas provincial, lo que permitirá aplicar sanciones como multas, trabajos comunitarios y, en casos de reincidencia, arresto. Además, contempla penas más severas cuando existan situaciones de violencia, amenazas o cobros indebidos, especialmente en contextos de eventos masivos o cuando actúen grupos organizados.
Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la ley permitirá abordar de manera integral una problemática que combina aspectos de seguridad, uso del espacio público y situaciones sociales. Uno de los puntos centrales es que habilita la intervención policial sin necesidad de denuncia previa, lo que refuerza la capacidad del Estado para actuar frente a posibles hechos de extorsión.
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Hasta ahora, distintas ciudades como Santa Fe y Rosario ya contaban con ordenanzas que prohibían la actividad. Sin embargo, la falta de una normativa provincial limitaba la efectividad de los controles. En la capital provincial, por ejemplo, desde mayo de 2024 rige una ordenanza que eliminó el sistema de registro y credenciales para cuidacoches vigente desde 2019.
En la práctica, la actividad generó reiteradas denuncias de vecinos, sobre todo en eventos masivos, donde se reportaron cobros que oscilan entre los 30 mil y 40 mil pesos por estacionar en la vía pública. Situaciones similares se registran en otras ciudades como Venado Tuerto y Rafaela.
El debate también tiene su contraparte en los propios trabajadores del sector. Desde el Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública de Rosario, su secretario adjunto, Matías Valdes, señaló que el gremio analiza la presentación de un amparo judicial para garantizar el derecho a la organización y la continuidad laboral de quienes realizan estas tareas. Además, buscan avanzar en la formalización del sindicato en la provincia.
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En medio de la discusión, el gobernador Maximiliano Pullaro instó a los municipios a adherir a la normativa con ordenanzas locales que refuercen la prohibición. En la misma línea, la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, subrayó que el objetivo es garantizar el orden y recuperar el espacio público para los ciudadanos.
La iniciativa abre un nuevo escenario en la provincia, donde el desafío será compatibilizar las políticas de seguridad con la situación social de quienes dependen de esta actividad como fuente de ingresos.
Fuente y foto: Infobae
