«Somos seis mujeres de la UNPSJB y 2 del INSFDA 805 de Trelew que en nuestro tránsito por las aulas nos encontramos con este tipo, al que denunciamos por violento, por amenazas, amedrentamiento y xenofobia», recordó la docente Melisa Selva Andrade, una de las denunciantes que este martes fue convocada a declarar, en una audiencia que no se concretó por el feriado y cuya suspensión nunca le notificaron.
«Estábamos para declarar este martes, y por una cuestión azarosa llamamos a la universidad y nos enteramos de que el edificio estaba cerrado. Ésta es la tercera vez que nos suspenden la declaración», y agregó: «Estamos dolidas y enojadas; nos siguen revictimizando porque son instancias dolorosas», lamentó Andrade, tras lo cual señaló que cuentan con el acompañamiento de las abogadas Verónica Heredia y María Cristina Pagasartundúa, además de la Comisión contra la Violencia de Género de la Facultad de Humanidades.
Danna Kuzmicki, otras de las denunciantes, recordó cómo se inició el proceso contra el docente: «La mayoría de nosotras no nos conocíamos, no somos contemporáneas, porque los hechos que se denuncian van desde el 2002 al 2018. Nos empezamos a encontrar luego de una publicación que hizo una compañera contando la violencia que había sufrido y así nos conocimos. Trabajamos medio año para organizarnos y hacer la denuncia por las vías institucionales, y así fue como el 24 de junio hicimos la conferencia de prensa».
Kuzmicky sostuvo que «la UNPSJB no cuenta con un protocolo, cuenta con un protocolo la Facultad de Humanidades, y han habido denuncias pero nunca fue una denuncia colectiva, que incluyese a docentes, graduadas y estudiantes y además entre inter universidades. Es un precedente, éstas violencias ocurrieron durante 18 años. Muchas han denunciado ante la delegación académica u otras autoridades y nunca recibieron respuestas, por eso llegamos a hacer una denuncia que incluye hechos desde el 2002″.
Andrade recordó que el docente no se encuentra en funciones porque «el 3 de septiembre de 2019, mediante el Consejo Directivo, se hizo una resolución donde se inicia el sumario y se lo separa de las funciones hasta que termine el proceso investigativo que todavía no empezó» y añadió: «la Universidad hizo un pedido de disculpas públicas por los años de violencia, y en esa misma resolución precisa que para hacer el sumario tienen que desplegar mecanismos que nos acompañen, pero no se están estableciendo medidas de cuidado, no nos garantizan veedores ni el acceso a la investigación de la Comisión contra la Violencia de la Facultad.
«No estamos denunciando algo que no nos pase por el cuerpo y por el alma. Esta es la tercera vez que nos cancelan la citación. Tanto la UNPSJB como el Ministerio de Educación adscribieron a la Ley Micaela para formar funcionarios públicos, pero la universidad y el Ministerio no hacen nada de lo que en lo discursivo pregonan. Este proceso es sumamente doloroso y estamos convencidas de seguir adelante, porque igual de doloroso igual de importante es erradicar todo tipo de violencias en las universidades y en cualquier institución educativa. Tenemos derecho a transitar las aulas libres de violencia», concluyó.
