En conferencia de prensa el Procurador General, Jorge Miquelarena, confirmó que tras la aprobación de la Ley de megaminería y los hechos posteriores, se iniciarán varias investigaciones.
Confirmó que “se tomaron medidas, se enviaron una serie de oficios para recabar pruebas, estamos en esa tarea inicial de recabar información”, y con ello “se puede dividir esto en 3 o 4 investigaciones”.
Explicó que “una tiene que ver con la aprobación de la Ley propiamente dicha y las denuncias de supuestas compras de voluntades. La otra tiene que ver con los desmanes, incendios, robo e instigación del jueves”, cuando se incendiaron los edificios.
Por otra parte, también se investigarán “las lesiones que sufrieron las personas” y finalmente “la eventual responsabilidad policial y del Gobierno” en la represión policial; esas “son las hipótesis”.
Precisamente, en lo que tiene que ver con la primera, el Procurador confirmó que la investigación no tiene que ver exclusivamente con encontrar dinero en cuentas bancarias ya que “la cosa es más sutil y pasa por otro lado”.
“Acá, llegado el caso y van a pasar años, vamos a investigar la responsabilidad penal de todas las personas jurídicas que tengan relación con el proyecto”, sentenció.
Miquelarena explicó que “cuando aparece un proyecto de esta naturaleza siempre aparecen empresas que son las que hacen el apoyo logístico a la empresa extractora, propiciando y contratando el transporte, las viandas, el alojamiento”.
Aclaró que “no es un delito si no hay intereses encontrados”, y que la tarea apunta a “investigar la génesis de esas empresas que contraten y la composición real de los miembros que la integran”.
Sentenció que “hace 2 años atrás se aprobó una Ley en el Congreso que prevé no solo los mecanismos de control y transparencia de la empresas jurídicas, sino la responsabilidad penal de las personas jurídicas”
Esto es investigar la existencia de connivencia y responsabilidad con los sectores políticos para apoyar el resultado, el denominado “lobby” minero de las empresas que obtendrían beneficios económicos con la megaminería.
Es importante remarcar que la presencia del sector empresarial en la Legislatura, principalmente de Puerto Madryn, ha sido denunciado por las asambleas dese hace tiempo, dando cuenta del accionar.
Es esto y la relación con el “hecho consumado”, que es la aprobación de la Ley; lo que se investigará también, según lo manifestado por el Procurador.
