«Es un juicio que se está dando dentro de los parámetros normales. Declaró el intendente de Trevelin (Omar Aleuy), un contador de la Secretaría de Hacienda, un asesor externo del municipio y se dio todo dentro de lo previsible, han ratificado los términos de la denuncia, han explicado cómo surge toda esta cuestión y esperamos una serie de testimonios más para ver si mañana (miércoles) o el jueves podemos concluir con el debate», destacó el doctor Gabalachis.
«No me ha resultado novedoso respecto de nuestra posición, en la audiencia preliminar ya he considerado que no estamos en presencia de una estafa, el delito penal de estafa prevé una serie de requisitos que no se han cumplido en esta investigación. No puedo adelantar más porque justamente será con lo que finalizará mi análisis del juicio», analizó el letrado.
«Quedó claro que no hubo cruces de datos entre el municipio y la Provincia, esta situación que ha surgido en esta investigación no sólo que se ha repetido, sino que puede volver a acontecer porque no hay ninguna clase de cruces de información», argumentó

«Sin dudas que favorece nuestra posición, porque el Ministerio Público sostiene que la actividad de Alarcón tenía como objetivo engañar a la Provincia y está claro que no fue así», replicó.
Respecto del aporte de testigos, adelantó que “hemos adherido a la prueba que ofreció la fiscalía y los testigos serán comunes, faltan unos cuatro”.
“En el ámbito administrativo se había hecho una especie de convención y Alarcón ya estaba devolviendo el dinero del municipio, pero eso no tiene injerencia penal, porque además como funcionario público no se puede hacer uso de la previsión de reparación que prevé el Código, aunque el acuerdo podría ser un elemento favorable, sin duda”, valoró Gabalachis.
Dijo desconocer si Alarcón estaba habilitado para trabajar en el municipio: “desconozco su situación actual, mi intervención está relacionada puntualmente con el período que ha imputado la fiscalía, desde diciembre de 2015 a marzo de 2018”.
Aseguró también que no conocía que situaciones similares a la de Alarcón, sobre un doble percibimiento de haberes, hubieran llegado al ámbito penal.