Este viernes se realizó la audiencia por los tres Habeas Corpus preventivos presentados a partir de los reiterados hechos de abuso policial y violencia institucional en el contexto de la cuarentena.
La misma estuvo presidida por la jueza Mirta del Valle Moreno, y estuvieron presentes las partes: el Fiscal de Rawson Fernando Rivarola, la concejal de Trelew Mariela Flores Torres de la Comisión contra la Impunidad, el abogado Eduardo Hualpa; Omar López y Germán Kexel de la Defensa Pública, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; el Ministro de Seguridad, Federico Massoni y el jefe de la Policía, comisario Miguel Gómez.
Concretamente, los tres recursos fueron presentados por Secretaría de Derechos Humanos de Nación, la Defensa Pública y la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia de Trelew.
Durante más de dos horas y por videoconferencia, se desarrolló la audiencia donde las parte precisaron los diferentes hechos particulares denunciados por las víctimas de los abusos y se dieron cuenta de las acciones llevadas a cabo, en este caso, por parte de la Fiscalía capitalina.
Sobre el final de las exposiciones, la Jueza Moreno resolvió un cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 13 horas cuando se reanude la audiencia, con la declaración de 13 denunciantes que fueron aportados como testigos por la Defensa Pública y la concejal Flores Torres (por parte de la Comisión contra la Impunidad).
Sin embargo, ante la postergación de un dictamen de la Justicia, el secretario de Derechos Humanos de la Nación solicitó al Ministro de Seguridad un “compromiso para que se pueda dictaminar a través de lo político, que la Provincia adhiera al protocolo nacional (de actuación de las fuerzas) para prevenir delitos y arbitrariedades”, remarcando la necesidad de “poder irnos más tranquilos”.
En respuesta, el Ministro eludió el pedido y aseguró que desde Provincia “tomamos intervención -ante- cualquier caso que un efectivo policial que actúa por fuera de la norma”, sosteniendo que “con eso puedo dar tranquilidad” a las partes y la comunidad.
Transmisión en vivo de la audiencia de FM Radio Libre:
Algunas de las exposiciones de las partes:
El funcionario nacional, responsable del área de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, sostuvo que existe “una posición casi unificada en el pedido” hecho por las partes, al tiempo que ofreció a la Secretaría Nación para “fortalecer y formar a los miembros de las Fuerzas –para- que esto sea algo positivo”.
Repasó que “venimos de años donde la violencia institucional se radicó fuertemente en el país. Había un discurso de violación de Derechos por parte de las fuerzas –pero- la violencia institucional la erradicamos entre todos, incluyendo a las fuerzas porque velar por los derechos constitucionales es proteger también a las Fuerzas de Seguridad”, sostuvo.
“Cuando se protegen los Derechos Humanos también pensamos en la protección de las Fuerzas de Seguridad, que la única garantía que tienen es la de actuar dentro del marco de la Ley”, continuó.
En este sentido, solicitó que la Provincia “cambie la posición ante esto hechos (expuestos en la audiencia) y adhieran al protocolo nacional de actuación”, para lo cual ofreció a su Secretaría para “ayudar a tener Fuerzas de Seguridad democráticas y que respeten la Ley”.
“El marco provincial ha restringido los Derechos Individuales por sobre los establecido a Nivel Nacional”
Por su parte, el fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, reconoció que la presentación de los Habeas Corpus preventivo “ha sido la vía correcta –dado que- tiene efectos colectivos en tanto al riesgo y temor fundado ante la violación de garantías fundamentales”.
Si bien el Fiscal aseguró que “hay un sector (de la población) propenso a incumplir con las normas, (sumado) a la complejidad para el ejercicio de la función policial (y a que) es un terreno excepcional” el que se atraviesa, “está muy bien encaminada la presentación porque es el Poder Judicial el último resguardo de las garantías constitucionales”.
Repasó que de oficio se comenzó con una investigación por la viralización del audio del director de Seguridad Paulino Gómez y se analizó la legalidad de las medidas adoptadas a nivel provincial, ya que las mismas debían ser ratificadas por la Legislatura.
En este contexto, y a partir de la investigación que comenzaron desde la Fiscalía, “surgen elementos importantes para este Habeas Corpus”, sosteniendo qué “en líneas generales el ámbito de regulación de las resoluciones ministeriales implican una mayor restricción de Derechos de lo que emerge del DNU (Nº 297) nacional”.
Si bien reconoce que en dicho decreto “se establece que las Provincias y los municipios pueden establecer medidas adicionales –y- puede haber distintas interpretaciones; en un análisis general entiendo que existen suficientes elementos para considerar que el marco provincial ha restringido los Derechos Individuales por sobre los establecido a Nivel Nacional”.
A partir de los casos denunciados y expuestos en la audiencia, sumado a los cortes de tránsito en diferentes localidades y la imposibilidad de asistir a trabajar a otras provincias (en referencia a la Comarca Andina, “se puede referir que no se estarían respetando los estándares establecidos por los organismos internacionales y la propia jurisprudencia de nuestro país”.
Asimismo, precisó que desde la Fiscalía “no hemos podido detectar un protocolo que se ajuste a la norma nacional”, alertando que “el número de detenidos en violación a la cuarentena, en comparación con la estadística nacional, es alto en porcentaje en relación con la cantidad habitantes, lo cual llama poderosamente la atención”.
“Se puede inferir que en la Provincia se ha adoptado en el ámbito político y policial a la aprehensión como única medida preventiva, en contra de lo establecido a nivel nacional. No se admite otra alternativa dentro de la razonabilidad”, remarcó Rivarola.
